Las previsiones de ingresos de la Autoridad Portuaria para los próximos cinco años hablan de sumar a su patrimonio 200 millones de euros después de que los muelles interiores pierdan su uso portuario. Los dos años fuertes de ingresos serán, según los documentos de la entidad portuaria, 2019, con 23,19 millones de euros y 2023, con 176,59 millones de euros y es que, en el resto de ejercicios, no se prevén aportaciones en concepto de "enajenación de terrenos", según consta en la cuenta de resultados a largo plazo que se presentó en la comisión de seguimiento de junio y julio de 2017.
Es un documento previo al acuerdo anunciado en octubre entre la Xunta y Puertos del Estado -y sin el conocimiento del Concello- para no vender Batería, Calvo Sotelo y La Solana y dejar fuera de esta protección y de un futuro uso público de este suelo, la parcela del hotel Finisterre y los muelles de San Diego y Petrolero.
La Autoridad Portuaria celebrará mañana su consejo de administración en el que, entre otros asuntos, se someterán a votación sus presupuestos para este ejercicio. En este documento, la previsión económica no va tan lejos y se queda en 2021, donde se mantiene la misma cifra de ingresos por la desafectación de los muelles, 23,19 millones de euros pero se retrasa un año esta inyección financiera. La espera para 2020.
Este retraso de un año puede responder a que los plazos que tienen que ver con el puerto exterior se han ido dilatando. La primera fase del traslado de Repsol, por ejemplo, tendría que estar lista el 14 de abril, sin embargo, a tan solo dos meses de que se cumpla ese límite, la obra del poliducto, que tiene un plazo de ejecución de un año, carece todavía de los terrenos que ocupará, porque no han sido expropiados. El traslado completo de la factoría -el abandono de la petrolera de San Diego- no se prevé para antes de 2021. La Autoridad Portuaria y Repsol todavía no han consensuado la segunda fase de este traslado, que comprende el 40% de la actividad de la empresa en los muelles de la ciudad.
Con estos 200 millones de euros que la Autoridad Portuaria prevé ingresar en los próximos cinco años solo haría frente a la deuda contraída con Puertos del Estado por la construcción de la dársena exterior de punta Langosteira. La entidad coruñesa adeuda también 108 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones y necesita unos 120 millones más para la ejecución de la conexión ferroviaria, considerada imprescindible para que Langosteira pueda funcionar a pleno rendimiento. Fomento todavía no ha decidido si financiará esta obra.
La presidenta local del PP, conselleira de Medio Ambiente, consejera de la Autoridad Portuaria y virtual candidata del partido a encabezar su papeleta en las elecciones municipales, Beatriz Mato, defendió ayer el pacto de Puertos y de la Xunta y afeó al Concello su "falta de diálogo", a pesar de que, desde el anuncio del acuerdo, ninguna institución aportó más información sobre su contenido ni se firmó ningún documento que garantice que, finalmente, Calvo Sotelo, Batería y La Solana serán de uso público. Mato, en declaraciones a Radio Coruña , abogó por que Xunta y Puertos "ratifiquen" el acuerdo que anunciaron como "una voluntad" y solicitó al Gobierno local "que llame a la puerta" de estas instituciones para poder expresar "sus proyectos".
El Concello envió a finales de octubre un protocolo de colaboración a todas las instituciones implicadas en esta operación -a los grupos municipales con representación en María Pita, a la Xunta, a la Autoridad Portuaria y a la Diputación- pero, según el alcalde, Xulio Ferreiro, no recibió ninguna respuesta, tampoco del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, al que se lo entregó en mano tan solo unos días después de que hubiese anunciado su pacto con su homólogo en el Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo.
En este documento proponía que la fachada marítima no se despiezase y los muelles recuperasen su uso público.
