Las previsiones económicas que figuran en el presupuesto de la Autoridad Portuaria para este año están marcadas por las obligaciones derivadas de las deudas contraídas por el organismo para financiar las obras de punta Langosteira, que no solo afectarán a este ejercicio, sino a los de los próximos años debido a su elevada cuantía. A continuación se detallan algunas de las magnitudes que aparecen en el documento aprobado ayer por el consejo de administración del Puerto.

Cifra de negocio. De acuerdo con las estimaciones efectuadas, este año se cerrará con un volumen de negocio de 28,7 millones, de los que 27,9 corresponderán a los ingresos por las tasas portuarias. Esta cifra supone un descenso con relación a la obtenida el año pasado, en el que los 30,3 millones contabilizados marcaron un hito histórico, ya que fue la primera ocasión en que se superaron los 30 millones. Para el próximo año se prevé un ligero descenso hasta los 28,5 millones, aunque para 2020 se calcula que habrá un importante crecimiento que situará la cifra de negocio en 32,2 millones, mientras que al año siguiente, el último de los analizados en el presupuesto, se produciría otro aumento que llegaría hasta los 34,6 millones.

Resultado. La necesidad amortizar la deuda hace que la previsión para el cierre de este ejercicio sea de un déficit de 4,3 millones, que contrasta con el beneficio de 500.000 euros logrado en 2017 y los 250.000 alcanzados en 2016. El resultado negativo casi se duplicará en 2019, ya que se estima un déficit de 7,5 millones, mientras que para el año siguiente se calcula un beneficio de 17,6 millones que se explica por la previsión de obtener 23,1 millones por la venta de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, además de La Solana y el hotel Finisterre, a pesar de que las tres primeras propiedades forman parte del acuerdo alcanzado entre Puertos del Estado y la Xunta que los excluiría de esta operación. Para 2021 de nuevo se prevén pérdidas, en este caso de 2,1 millones.

Deuda. El Puerto tiene este año compromisos adquiridos por importe de 304 millones de euros, de los 199 corresponden al préstamo suscrito en 2011 con Puertos del Estado para financiar las obras de la dársena exterior. Otros 104 millones corresponden al crédito a largo plazo aportado por el Banco Europeo de Inversiones también para costear la construcción del proyecto de punta Langosteira. Pero si la cantidad adeuda parece elevada ahora, en la programación para los próximos años figura que en 2019 ascenderá a 315 millones, mientras que en los dos siguientes ejercicios será de 308 millones. Mientras que la contraída con Puertos del Estado se irá reduciendo poco a poco, la del Banco Europeo de Inversiones aumentará hasta llegar a los 115 millones en 2021.

Venta de muelles. Las previsiones realizadas en junio de 2017 por la comisión de seguimiento del convenio de normalización financiera del Puerto situaban en 2021 la enajenación de los terrenos de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, además de La Solana y el hotel Finisterre. En aquel momento no se había anunciado el acuerdo entre Puertos del Estado y la Xunta, que plantea únicamente la venta del establecimiento hotelero, pero ahora, cuatro meses después de que se desvelara el pacto, no solo no se elimina de las previsiones de ingresos, sino que además se adelanta su materialización en un año. Las dos instituciones que en octubre dijeron haber alcanzado un compromiso para no vender esos bienes todavía no lo han puesto por escrito.

Deuda municipal por la Marina. El presupuesto de la Autoridad Portuaria registra entre sus deudores al Concello y por una cantidad de 4,8 millones, que corresponden a los pagos con los que debía contribuir a financiar las obras de urbanización de las explanadas de La Marina y O Parrote. Por la primera de esas actuaciones la institución municipal tiene pendientes de pago 3,2 millones, mientras que por la segunda son 1,6 millones. El Gobierno local informó al Puerto de que no puede abonar esa cantidad debido al informe contrario del interventor municipal, que no considera justificados los gastos que expone el organismo portuario, que ya llevó su reclamación a los tribunales para conseguir el cobro.