El cobro de una comisión de hasta el 10% por gastos de gestión a los usuarios de la aplicación que permite abonar la ORA con el teléfono móvil sin necesidad de ir al parquímetro, que entrará en vigor el lunes 26 de febrero, ha motivado la convocatoria, aún sin fecha, de la comisión municipal de Mobilidade. Su presidenta es la edil popular Begoña Freire, quien avanzó ayer que instará al Gobierno local a que impida a la concesionaria del aparcamiento regulado, Setex Aparki, cobrar este recargo que aparece recogido en las bases del concurso, redactadas precisamente por el PP cuando gobernaba.
El grupo del BNG aprovechará la celebración de la comisión para exigir explicaciones a los populares por recoger el cobro de este recargo en los pliegos técnicos publicados en diciembre de 2014 en el perfil del contratante, según indica el artículo 34: "Las posibles comisiones que se derivasen del pago con tarjeta serán a cargo del contratista, y en el caso de que los pagos se realicen por teléfono móvil u otros medios electrónicos, los costes serán asumidos por el usuario". Los nacionalistas piden también la presencia del interventor municipal para que informe de la legalidad del cobro de un 10% adicional en cada recarga.
El Gobierno local respondió la semana pasada que el contrato redactado hace más de tres años por el PP permite la aplicación de comisiones como la que se impondrá el próximo lunes, mientras que la concesionaria explicó que el cargo extra responde al "crecimiento del uso de la aplicación de móvil", que ha derivado en la creación de un monedero electrónico.
El responsable de Setex, Jaime López de Aguilar, añade que en otras ciudades en donde administra el servicio y en cuyos contratos no se recogen estas comisiones, al contrario que en A Coruña y Madrid, también se aplicará el recargo a partir del 26 de febrero. "No se carga sobre la tasa, se cobra por recargar un saldo", explica.
El concurso de la ORA lo convocó el anterior Gobierno local y Setex ya había sido propuesta para gestionar el servicio. El Ejecutivo de Marea rechazó municipalizarlo y otorgó la concesión a esta empresa para evitar que su revocación supusiese un coste elevado para el Ayuntamiento.
