El informe realizado por el Consello de Contas de Galicia sobre la ejecución de los presupuestos municipales de 2014 y 2015 destaca que de los 28 acuerdos por importe superior a 50.000 euros adoptados en esos dos años que fueron contrarios a los reparos presentados por el interventor, 25 de ellos se debían a que se pretendían efectuar pagos por prestaciones efectuadas una vez que había terminado la vigencia del contrato, por lo que reprocha a Marea y PP "falta de planificación en la prestación de servicios".

Ante esa situación, el Consello de Contas incluye en sus recomendaciones que el Concello licite los nuevos contratos "con la suficiente antelación para que al vencimiento de los anteriores la prestación tenga idónea cobertura contractual".

El informe refleja la existencia 238 reparos presentados por el interventor a acuerdos adoptados por los gobiernos locales del PP y Marea Atlántica durante dos años. De ellos, 68 fueron en 2014, en el mandato del PP, y 170 en 2015, año en el que este partido gobernó hasta el 13 de junio.

En opinión del Consello de Contas, es "necesario vincular la contratación a la correspondiente planificación de la actividad del Ayuntamiento" con el fin de asegurar "la eficiente utilización de los recursos públicos". El servicio de mantenimiento de la red semafórica durante el mandato del PP y el de los parques y jardines tanto con ese partido como con Marea Atlántica fueron pagados durante meses una vez que habían finalizado sus respectivos contratos, ya que los gobiernos locales no licitaron con antelación los que debían sustituirlos.

El Gobierno local presidido por Carlos Negreira abonó de esta manera las facturas de enero a junio de 2014 por el mantenimiento de los semáforos y pagó en 2015 tres facturas del servicio de parques y jardines a las tres empresas que lo prestaban con el contrato ya concluido. Cuando se produjo el cambio de gobierno, en junio de ese año, ya se había licitado el nuevo contrato y en ese momento estaba pendiente de aprobación el informe económico y la adjudicación.

Al incorporarse al Ejecutivo municipal, Marea optó por anular esa licitación al apreciar "numerosos vicios de forma" en los pliegos de condiciones del concurso, de acuerdo con informes técnicos y jurídicos que advertían de la "dificultad de acreditar la viabilidad económica de las ofertas seleccionadas".

Una de las empresas afectadas recurrió ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que obligó al Concello a retomar el proceso, por lo que finalmente el contrato se adjudicó en febrero de 2017, fecha hasta la que el servicio se pagó a los anteriores adjudicatarios del servicio, con los consiguientes reparos del interventor en cada una de las 18 facturas que se presentaron y que fueron abonadas.