La asesoría jurídica municipal revisará el expediente del concurso público de compra de viviendas por parte del Concello para alquiler social, según acordaron ayer las comisiones municipales de Transparencia y de Urbanismo. Con esta decisión se pretende comprobar si existieron irregularidades en la adquisición de dos pisos como denuncia el Partido Popular, que reclama la anulación de esta operación.
La celebración de ambas reuniones se produjo tras la publicación de un comunicado por parte de cinco de los seis funcionarios que analizaron las ofertas presentadas, ya que una de ellas se encuentra de baja laboral. Los firmantes del escrito, entre los que figura el interventor del Concello, Ángel Murado, destacan que en la comisión no participó "directa o indirectamente" ningún cargo político ni personal eventual municipal y que los funcionarios no conocían a ninguno de los ofertantes ni si estaban vinculados a algún grupo político, en alusión a la denuncia del PP de que dos de los pisos comprados pertenecían a una persona afín a Marea Atlántica.
Los funcionarios afirman que su trabajo se desarrolló "sin ninguna injerencia política ni de otro tipo" y que se cumplieron las bases del concurso, por lo que piden a toda la Corporación que haga un "tratamiento responsable" de este asunto para evitar "condenas mediáticas" que causen daños personales "irreparables". Así lo defienden en un escrito los funcionarios que analizaron las ofertas.
El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, hizo mención a este comunicado tras las reuniones y defendió la "transparencia" con la que a su juicio se desarrolló el concurso. Varela denunció que las "campañas de difamación" contra el Gobierno local tienen "víctimas colaterales", en referencia a los funcionarios que formaron parte de la comisión que analizó las ofertas.
El edil contrastó el procedimiento seguido en este caso con los de "otras épocas en este Concello" que derivaron en situaciones que podrán ser "muy gravosas para el erario público". Varela admitió sin embargo que podrían haberse cometido errores en el proceso, por lo que el Gobierno local accede a que se revise el expediente en defensa de la "absoluta transparencia", aunque señaló que ni él ni la comisión técnica apreciaron ningún fallo en toda la documentación.
Las explicaciones proporcionadas en las comisiones reunidas ayer no satisficieron al PP, ya que su portavoz, Rosa Gallego, solicitó la anulación de la compra de los dos pisos al estimar que ayer se "confirmó" que esas viviendas "incumplían las bases del concurso y que se vulneró el principio de libre concurrencia". Para Gallego, Varela "no fue capaz" de justificar la adquisición de los pisos, operación de la que desvinculó a los funcionarios, pese a que ellos afirmaron ser quienes tomaron la decisión. También acusó a Marea Atlántica de intentar "enfrentar" a los funcionarios con la oposición para "desviar las responsabilidades" y exigió que el Consello Consultivo de Galicia se pronuncie sobre este expediente.
El socialista José Manuel Dapena calificó por su parte de "fracaso absoluto" el concurso para la compra de viviendas al invertirse solo la cuarta parte de la cantidad prevista y exigió que se explique la "desafortunada casualidad" de que dos de los pisos no cumplan condiciones de la convocatoria como la superficie útil y el uso como vivienda.
Para el BNG, la revisión del expediente es "precisa" por lo que califica de "incumplimiento" de las bases del concurso al no aplicarlas de forma adecuada. La edil nacionalista anuncia que se mantendrá "vigilante para que la revisión del proceso de concurso se produzca".
