Cuatro meses después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Puertos del Estado, José Llorca, anunciasen que habían acordado que los muelles de Batería, Calvo Sotelo y La Solana no se venderían y mantendrían su titularidad pública, ese pacto todavía no está sobre el papel y eso ha provocado que las cuentas de la Autoridad Portuaria mantengan 23,19 millones de euros de ingresos por la venta de los terrenos portuarios liberados para 2020.
Feijóo alegó ayer, tras el Consello de Goberno de la Xunta, que ambas instituciones estaban trabajando en el acuerdo, pero que los requerimientos técnicos estaban lastrando su firma. Y, aunque no dio la fecha en la que se hará público el contenido de este protocolo, aseguró que es "optimista" y que espera que el texto se pueda "cerrar en un plazo bastante corto".
"Nosotros tenemos un compromiso con Puertos del Estado y hay que plasmarlo y documentarlo. Estamos discutiendo los términos de ese compromiso, pero el compromiso sigue. Entendemos que esas instalaciones portuarias deben quedar dentro de la titularidad pública", dijo ayer Feijóo, sobre su acuerdo pactado al margen del Concello.
La Autoridad Portuaria, que aprobó sus presupuestos para 2018 el pasado lunes, con el único voto en contra del representante del Ayuntamiento, Xiao Varela, explicó tras la reunión, que este documento se podrá modificar si, en el futuro, hay algún papel que modifique los acuerdos que, actualmente, están en vigor, que son los de 2004. Este texto preveía la venta de los muelles liberados ya de su uso portuario para la financiación de la dársena exterior de punta Langosteira.
"Estamos, en este momento, perfilando el documento, para llegar a un acuerdo. Un acuerdo entre dos administraciones públicas tiene que tener informes de la Abogacía del Estado, de la asesoría jurídica, tiene que ser previamente fiscalizado, tiene que tener consignaciones presupuestarias", comentó Feijóo, aunque no explicó si había habido algún problema en alguno de estos procesos ni para qué precisa una partida presupuestaria. El presidente de la Xunta avanzó también que, una vez que se firme el documento, se presentará, "primero a la sociedad coruñesa y a las instituciones coruñesas porque afecta a todo el área metropolitana", aunque no puso fecha para este acto. La consejera del Puerto y conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, tampoco aportó el pasado lunes más información en el consejo de administración del ente, según Xiao Varela.
El alcalde, Xulio Ferreiro, ha invitado a las dos instituciones y a la Autoridad Portuaria a que participen en el foro de debate que organizará el Concello en abril sobre el futuro de la fachada marítima, pero todavía no ha recibido respuesta. Tampoco la ha tenido a su propuesta de que sean todas las instituciones implicadas en el desarrollo de la fachada marítima y también los vecinos los que elaboren un proyecto para el uso de estos terrenos liberados. En su invitación al diálogo, Ferreiro proponía tratar el litoral como una pieza única y que las soluciones se tomasen para un proyecto global.
La proyección económica de la Autoridad Portuaria -elaboradas en junio de 2017, antes del anuncio de Xunta y Puertos- prevén unos ingresos de hasta 200 millones de euros entre 2019 y 2023 por los muelles, al incluir en el último año los de Petrolero y San Diego, para los que Feijóo y Llorca habían remitido a un "estudio concreto".
