El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha declarado que la emisión de facturas de Orange por el periodo completo preestablecido en los casos en los que el servicio se haya dejado de prestar antes de que concluya ese plazo "es abusiva y, por tanto, ilícita", al igual que la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial de los clientes que no abonen esas cuotas.

La juez ha estimado íntegramente la demanda colectiva promovida por el Ministerio fiscal contra Orange Espagne, por lo que condena a la empresa a abstenerse de repetir esas prácticas en la facturación. "Los pronunciamientos declarativos de la sentencia afectarán a las personas físicas o jurídicas que incurran en la misma práctica, aunque no hayan sido parte en el proceso", especifica la titular de Mercantil 2 en el fallo, que no es firme, pues contra él cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

La juez ordena que la sentencia sea comunicada a la Secretaría de Estado para la Sociedad de Información y a la Agenda Digital por si procediese imponer a la empresa sanciones administrativas. Orange, tal y como consta en el documento, deberá informar al juzgado sobre las medidas que adopte "para prevenir la reiteración en el futuro" de las conductas demandadas. La compañía de telefonía tiene un plazo de dos meses desde que el fallo sea firme para acatarla. En caso de que no lo haga, se le impondrá una multa coercitiva de 60.000 euros diarios.

La Fiscalía Provincial alega en su demanda que la compañía emite "reiteradamente facturas contra los consumidores y usuarios en las que les reclama la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado (generalmente mensual), a pesar de que el servicio prestado a los clientes haya finalizado antes de que se complete ese periodo". Esta práctica, tal y como indica el Ministerio fiscal, supone que la empresa requiera a los consumidores que abonen un servicio que no ha prestado, "en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato". Como consecuencia, los afectados pagan doblemente, puesto que la nueva compañía que contratan emite un recibo parcialmente coincidente en el tiempo con el periodo cobrado de forma indebida por Orange.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía -facturas enviadas por la empresa, reclamaciones de particulares ante el Instituto Galego de Consumo y la Oficina Municipal de Información al Consumidor- prueban "la conducta descrita", según la juez, quien subraya que es "abusiva" y que resulta "contraria a la legalidad vigente".