Un acusado de agredir a su pareja sentimental y a los dos familiares que acudieron a auxiliarla se declaró ayer culpable y aceptó ser condenado a tres años y medio de cárcel. El procesado, que permanece en prisión provisional desde que sucedieron los hechos, hace diez meses, cumplirá dos años de prisión. El resto de la pena será sustituida por su expulsión de España durante dos años.

El sospechoso admitió ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña que el pasado mes de mayo, sobre las tres y media de la madrugada, discutió con su pareja por la calle y le propinó una patada al portal de un edificio, en el que causó desperfectos tasados en 145 euros. A continuación, agredió a su pareja, la tiró al suelo y continuó golpeándola. La madre de la víctima y su compañero sentimental, que residían en un primer piso, escucharon a la mujer pedir socorro y bajaron a la calle para ayudarla. El acusado agredió a ambos y amenazó a su pareja con matarla si lo denunciaba. Todos sufrieron lesiones, las más graves, el novio de la madre de la víctima, a quien le quedaron secuelas. El imputado aceptó indemnizarlo con 4.800 euros, así como abonar 145 euros a la comunidad de propietarios del portal que dañó.

La Fiscalía demandaba en su escrito de calificación que el sospechoso fuese condenado a cinco años de prisión, a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a la prohibición de comunicarse o aproximarse a las víctimas, para quienes pedía una indemnización. En su informe daba la opción de que la pena de cárcel fuese sustituida, una vez cumplidos tres años de privación de libertad, por diez años de expulsión del territorio nacional porque el procesado es extranjero -tenía residencia legal hasta el 1 de enero de 2018-.

La fiscal, la acusación particular y la defensa del imputado llegaron ayer, antes de que comenzase el juicio, a un acuerdo sobre la pena, por lo que la vista no se celebró y el presidente de tribunal dictó sentencia oral en la sala. Contra el fallo no cabe recurso porque fue dictado bajo la conformidad de todas las partes implicadas en el procedimiento.

El imputado informó a los magistrados de que está pendiente de que le concedan la nacionalidad española. En caso de que la acepte, no podrá ser expulsado del país, por lo que tendría que cumplir los tres años y medio, en lugar de permanecer dos en prisión y ser expulsado durante otros dos. El presidente del tribunal le advirtió de que, en caso de que se nacionalice, podría tener que rendir cuentas por otras condenas por asuntos relacionados con robos que tiene pendientes de ejecución.