El informe del Defensor del Pueblo que concluye que la muerte del niño de once años que presuntamente fue asesinado por su padre a golpes en A Coruña en mayo de 2017 se pudo haber "evitado" con el refuerzo de "la comunicación entre los distintos organismos con competencias" es avalado por el abogado del procesado, Ignacio Espinosa. Si bien el letrado advierte de que "nadie tiene la culpa", revela que su cliente remitió escritos en al menos cuatro ocasiones al punto de encuentro de la ciudad en el que los fines de semana recogía a su hijo. En ellos, advertía de que estaba "desesperado" y pedía "amparo a las autoridades judiciales", pues consideraba que la familia de su mujer ponía en su contra al menor, lo que le generaba presión y ansiedad. Además, daba cuenta de sus problemas psiquiátricos, que lo llevaron a renunciar, en 2013, por voluntad propia a ver a su hijo porque no se encontraba capacitado. El imputado temía que su historial clínico fuese utilizado por su exmujer para apartarlo de su hijo, según Espinosa.

El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que amplíe la documentación remitida sobre "la posibilidad de impartir las instrucciones correspondientes para que los puntos de encuentro familiar comuniquen cualquier riesgo, tanto a las unidades contra la violencia sobre la mujer como a los juzgados y a la Fiscalía". El expediente para investigar la muerte del niño, que permanece abierto, se inició ante la Dirección General de la Policía y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con el objetivo de "conocer las actuaciones realizadas por los organismos competentes para la prevención y protección del menor presuntamente asesinado".

"La unidad contra la violencia sobre la mujer de la provincia de A Coruña cumplimentó la ficha correspondiente al menor sin que se apreciara la existencia de algún tipo de riesgo para el menor de edad que finalmente fue asesinado", destaca la institución en su informe de actuaciones de 2017. El presunto parricida tenía antecedentes psiquiátricos; y entre 2008 y 2013, una orden de alejamiento de su exmujer. En 2013 su exesposa lo denunció por amenazas recibidas a través de redes sociales. El caso se archivó por falta de pruebas.

El abogado del sospechoso indica que están acreditados sus problemas psiquiátricos. Cuando sucedieron los hechos había consumido alcohol y no tomaba la medicación. El procesado, nacido en 1974, llevó supuestamente al niño el Día de la Madre a un bosque de eucaliptos de la parroquia de Rodeiro, en el municipio de Oza-Cesuras, donde le asestó golpes en la cabeza con un objeto contundente -una herramienta o una piedra- hasta matarlo, según los investigadores. Junto al cadáver, hallado el lunes por la noche en el monte, fue localizada una pala. El acusado defiende que no recuerda nada de lo sucedido. Dos meses antes tuvo un antecedentes de "pérdida absoluta de voluntad", según su letrado, cuando ingresó en el hospital por una neumonía. No se acordaba de que se había "vuelto loco" y recobró la consciencia cuando estaba atado y entubado en una camilla.

El decano del Colegio de Abogados, Augusto Pérez-Cepeda, considera "alarmante y gravísima" la conclusión del Defensor del Pueblo, por lo que pide más coordinación entre los organismos con competencias en violencia de género.