La delegación del Gobierno en Galicia rechaza que el parricidio sucedido en A Coruña en mayo del año pasado se pudiese haber "evitado" con una mejor "comunicación" entre los organismos competentes, tal y como concluyó el Defensor del Pueblo en la investigación de oficio sobre el caso, que continúa abierta. "Cuando ocurrió el triste suceso ya se trató el tema y no se había detectado ningún tipo de disfuncionalidad. No había orden de alejamiento en vigor en aquel momento", indicó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, quien añadió que "se estudiará el informe y, si hay posibilidades de mejora, se harán".

La institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán investiga por qué no había esa orden de alejamiento ni se tomó ningún tipo de medida a pesar de que el acusado sufría problemas psiquiátricos, había pedido ayuda al punto de encuentro donde recogía a su hijo y su exmujer lo había denunciado por amenazas. El sospechoso de matar a golpes a su hijo de once años el Día de la Madre del año pasado en Oza-Cesuras para hacer daño a su exesposa remitió en al menos cuatro ocasiones escritos al punto de encuentro de la ciudad, según su letrado. En ellos, advertía de que estaba "desesperado" y pedía "amparo a las autoridades judiciales", pues consideraba que la familia de su exmujer ponía en su contra al menor, lo que le generaba presión y ansiedad. Además, daba cuenta de sus problemas psiquiátricos, que lo llevaron a renunciar, en 2013, por voluntad propia a ver a su hijo porque no se encontraba capacitado. El imputado temía que su historial clínico fuese utilizado por su exesposa para apartarlo de su hijo, según explicó su abogado, Ignacio Espinosa.

"La unidad contra la violencia sobre la mujer de la provincia de A Coruña cumplimentó la ficha correspondiente al menor sin que se apreciara la existencia de algún tipo de riesgo para el menor de edad que finalmente fue asesinado", destaca el Defensor del Pueblo en el expediente. La institución ha solicitado a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que amplíe la documentación remitida sobre "la posibilidad de impartir las instrucciones correspondientes para que los puntos de encuentro familiar comuniquen cualquier riesgo, tanto a las unidades contra la violencia sobre la mujer como a los juzgados y a la Fiscalía". El decano del Colegio de Abogados considera "alarmante y gravísima" la conclusión de informe del Defensor del Pueblo.