El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, se ha sumado al llamamiento de las familias de José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, los jóvenes coruñeses desaparecidos en marzo de 1973, y ha pedido a ETA y a quien pueda tener información sobre su paradero, que lo comunique "por cualquier medio", "por humanidad y por empatía" con el sufrimiento de sus familias.

El Gobierno Vasco y la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV/EHU han presentado en Vitoria, el Informe sobre la desaparición de los tres trabajadores gallegos residentes en el País Vasco, en el día en el que se conmemora el 45 aniversario de este suceso, junto al director del informe y responsable de la cátedra Jon Mirena Landa y Bertha Gaztelumendi, respectivamente.

Humberto Fouz, segundo por la izquierda, y Jorge García, primero por la derecha

El informe recoge que la versión periodística más extendida, "aunque poco solvente por su constante variación en la versión de los hechos", fue que tres jóvenes gallegos se dirigieron a Biarritz la tarde del 24 de marzo de 1973 y "refugiados vascos" los confundieron con policías españoles. Señala que les agredieron, los introdujeron en un coche, los mataron y los hicieron desparecer. A lo largo de 40 años se abrieron dos investigaciones judiciales y ambas se cerraron.

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia ha manifestado que este informe constituye un "apoyo explícito a la exigencia de clarificación del pasado en este caso" y "representa una contribución a una memoria crítica y compartida de lo ocurrido", así como un acto de reconocimiento institucional a las familias "por el daño injusto sufrido, agravado por el olvido padecido".

"Ni podemos ni debemos renunciar a que estas tres familias puedan tener acceso al derecho a la verdad, al derecho a saber qué ocurrió. Han pasado 45 años. El único modo de que estas familias puedan encontrar un poco de alivio y una aproximación a la verdad es saber qué ocurrió con sus tres familiares y dónde se encuentran. Un medio de poder saberlo es que quién pueda tener alguna información la comunique", ha añadido.

El secretario General de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández (en el centro) y los responsables de la redacción del documento: Bertha Gaztelumendi y Jon Mirena Landa, director del informe y responsable de la cátedra | Gobierno Vasco

En este sentido, el Gobierno Vasco "por humanidad y por empatía con el sufrimiento de sus familias" ha pedido que "quién disponga de cualquier dato o información sobre lo que ocurrió con José Humberto, Jorge Juan y Fernando lo comunique por cualquier medio".

Fernández ha explicado que en el informe no se atribuyen estas desapariciones a ETA porque se trata de un caso "no esclarecido" y ha señalado que el mismo revela que las informaciones que existen del caso "son confusas" pero ha reconocido que hay una hipótesis que es la que "acumula más indicios sobretodo al principio" que sitúa la autoría de estas desapariciones "en torno a ETA o a un grupo de refugiados vascos que se podría haber encontrado con ellos en una taberna de una localidad de Iparralde".

Como esta posibilidad "judicialmente no ha llegado a probarse", el Gobierno Vasco "no niega nada" sino que "expone lo que existe". Asimismo, ha destacado que el informe se está presentando desde la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, "en el marco de la Memoria reciente", por lo que consideran que "este tema algo tiene que ver con la violencia de motivación política". "No podemos afirmar taxativamente lo que, hasta el momento, no han confirmado lo tribunales", ha insistido.

La hipotesis más probable

Preguntado sobre si se suma al llamamiento a ETA hecho este pasado viernes por la familia de Humberto Fouz Escobero para que revele dónde se encuentran los restos mortales de este trabajador y de sus dos compañeros, Fernández ha dicho que comparte este llamamiento de las familias, así como la perspectiva sobre "cuál puede ser la hipótesis más probable de autoría".

No obstante, ha recordado que como ocurrió cuando presentaron el informe sobre la desaparición en 1976 del miembro de ETA político-militar (ETA-PM) Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', este informe presenta las hipótesis abiertas sin poder pronunciarse por una u otra. "Simplemente se exponen las que hay. Como gobierno, apoyamos 100% el llamamiento de las familias", ha insistido.

La Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha activado la dirección de correo electrónico desagertuak@euskadi.eus para que se pueda remitir cualquier dato o información sobre las "cinco desapariciones forzosas que, en el marco del caso vasco, quedan pendientes de esclarecer" entre las que ha citado el caso de los tres jóvenes coruñeses, el caso Pertur, y el caso de José Miguel Etxeberria 'Naparra', desaparecido el 11 de junio de 1980, cuyo secuestro reivindicó el Batallón Vasco Español.

Elaboración del informe

En la presentación del informe, su director Jon Mirena ha asegurado que han detectado un "déficit claro en la actividad de la Justicia", tanto de España como de Francia, y ha denunciado que durante la recogida de información no han podido acceder a la instrucción abierta por la Audiencia Nacional en el año 2005.

También ha destacado que en la instrucción abierta por el Juzgado de San Sebastián en el año 1974 han detectado que el movimiento instructor "es confuso", ya que hay una especie de "freno echado" por parte del juez instructor en la recogida de pruebas o en el hecho de que no se solicitara a Francia la puesta en marcha de una investigación criminal. "Parece que es instructor no quiere buscar", ha criticado.

Además, ha indicado que tras más de un año de actuaciones instructoras ha calificado de "sorpresiva y abrupta" la decisión del juez de declararse "no competente", de forma que se archivó temporalmente el caso "sin una motivación".

El informe defiende que "la desaparición es actual" y el delito sigue cometiéndose ya que "hoy se sigue sin saber cuál es el paradero de los tres gallegos". Su ausencia sigue produciendo sufrimiento a las familias.

Sus autores afirman que este documento "no puede aspirar a proporcionar la respuesta que el derecho a la verdad demandaría", pero sí puede contribuir a "un mayor conocimiento y reconocimiento social, político e institucional de un caso de triple desaparición" que ha permanecido "oculto y ausente en el debate sobre violaciones de derechos humanos".

Por último, han propuesto a las instituciones vascas que anualmente se recuerde las desapariciones, "aunque sea simbólicamente" para que "se agiten las aguas" con el objetivo de "quien tuviera una información la pueda hacer llegar" y que esta campaña no sea fruto de un día por la presentación de un informe sino que haya "una vía sistemática para que la información pueda llegar". Según ha explicado, un 24 de marzo las Naciones Unidas declaraciones el Derecho a la Verdad y ha apuntado a que este podría ser el día en el que todos los años se recuerde a los desaparecidos y se haga un llamamiento "para que quien sepa algo de ello lo diga".