El chef Luis Veira llevará el restaurante del mirador de San Pedro tras hacerse con las acciones de la sociedad que ostenta la concesión, tanto del establecimiento como del ascensor. Al lado del reconocido cocinero en esta adquisición, está José Blanco Castiñeira, propietario de los hoteles Avenida y Plaza. Así, el Árbore da Veira, cuya estrella Michelín cumplirá en breve cinco años, subirá unos metros sobre el nivel del mar hasta el local con la vista más privilegiada de la ciudad.

El Boletín Oficial de Registro Mercantil hizo público ayer el traspaso de la empresa Miramar de San Pedro SL a Veira y Blanco, que figuran a partir de ahora como administradores solidarios. La firma no es responsable únicamente de la concesión del restaurante sino también del contrato del elevador, que tiene a ayuntamiento y sociedad inmersos en varios pleitos.

Los antiguos responsables de la empresa explican que el traspaso es del 100% de las participaciones. Por tanto, los nuevos propietarios se harán cargo de ambos servicios, según confirma el ya ex administrador único de Miramar de San Pedro, Juan Antonio Roade.

Los vaivenes de la concesión

Recientemente, el Concello intentó sin éxito separar los dos servicios de la concesión: rescindir la parte del contrato del elevador y la cúpula y que la firma siguiese al frente del restaurante, que construyó a cambio de un periodo de explotación de medio siglo. Una decisión vinculante que firmó en diciembre el Consello Consultivo vetó esta posibilidad, al considerar que el contrato no admite segregación desde el punto de vista administrativo.

La empresa resultó adjudicataria de la concesión en el año 2005, con Francisco Vázquez en la Alcaldía. El contrato estipula que el Concello debe compensar las pérdidas que tenga la empresa por el elevador. En 2014, el Gobierno del PP frenó el pago de dicho déficit, al observar que el cálculo de la firma podría estar desvirtuado, y requirió a la sociedad documentación que justificase las nóminas, las horas de trabajo y las cotizaciones de los trabajadores. La petición de documentación se amplió a los años anteriores. Esa cantidad no se compensa desde entonces y la sociedad se ha defendido en los tribunales.

Paralelamente, ya tras el cambio de Gobierno, se iniciaron trámites para que la empresa devolviese 603.000 euros correspondientes a las anualidades 2010, 2011 y 2012. El Gobierno local pretendía ingresar ese dinero con la revisión de oficio de los acuerdos que permitieron abonar el déficit en esos tres años pero otro dictamen del Consultivo cree que esta no es la fórmula adecuada, a pesar de coincidir con el Concello en su análisis sobre los datos aportados por la empresa.