La notificación por el Concello a los okupas que permanecen en la antigua Comandancia de Obras desde noviembre de 2016 de que deben abandonarla no ha supuesto una variación en la actitud que muestran desde entonces. Si a las sucesivas ofertas de diálogo lanzadas por el Gobierno local respondieron con negativas rotundas a dejar de utilizar el recinto para desarrollar sus iniciativas, a la orden de salida se replica ahora con un texto que deja a las claras que su marcha no será voluntaria.

Desde la recepción de la notificación municipal se abría un periodo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones que concluirá esta semana. El Concello coruñés no tiene constancia de que se hayan planteado, pero el fanzine publicado por A Insumisa, denominación que los okupas dan al centro social instalado en la antigua Comandancia de Obras, contiene un escrito con el aspecto formal de las alegaciones que podría ser presentado en el Registro Municipal.

Para estas personas, formular alegaciones "es una tontería", ya que consideran que "solo serviría para dar una apariencia garantista y democrática a una decisión irrevocable tomada de antemano". Entre sus alegaciones mencionan que no reconocen la autoridad "de las instituciones postfascistas del reino borbónico", desde la propia Corona al "servil Concello", al que acusan de intentar desalojarles.

A Insumisa declara además su "independencia" de España, la Unión Europea y "demás artificiosas construcciones sociales", a las que responsabilizan de la "sumisión y el expolio del pueblo soberano y la naturaleza", por lo que se proclama "territorio autónomo, libre y autoorganizado", que rechaza tanto las leyes del Estado español como de sus "esbirros" del Concello coruñés.

Frente al plazo de diez días dado por el Gobierno local, los okupas fijan ese mismo periodo para que se abandone la actitud "hostil y represora" hacia ellos y para que el millón de euros que el Ministerio de Fomento invertirá en la reforma del recinto se destine a financiar a Proxecto Cárcere, los centros cívicos municipales, la renta básica universal, la abolición de la ORA, la construcción del carril bici, la despenalización del top manta, la ruptura del Concello con la banca privada, la gratuidad del transporte público, el acogimiento de refugiados y el alojamiento para personas sin hogar. El texto da además treinta días para abolir el dinero y la propiedad privada y para proclamar la anarquía.