El programa A Flote concedió 197 ayudas durante 2017 a familias coruñesas en situación de emergencia social para abonar deudas por impago del alquiler de vivienda o fianzas. La iniciativa, creada por la Fundación Emalcsa y el Concello, dio impulso a 179 personas -algunos beneficiarios recibieron el año pasado más de una prestación- con una inversión de 104.762 euros.

El 84,2% de las ayudas tramitadas fue destinado a la liquidación de deudas de mensualidades de alquiler de vivienda y habitaciones, así como el abono de fianzas. Además, de las 197 ayudas, un total de 78 permitieron evitar desahucios.

Según el balance de actividad facilitado por el Concello, se contabilizaron 75 casos en los que los beneficiarios no contaban con un contrato de alquiler, un requisito indispensable para acceder a algunas ayudas de emergencia social como la Risga, que otorga la Xunta.

Emalcsa repartió 104.762 euros durante el año pasado, lo que supone una media de 531.80 euros por beneficiario. Las prestaciones más frecuentes, según fuentes municipales, fueron inferiores a 300 euros, aunque 36 de las 197 ayudas superaron los 900 euros.

Estas subvenciones sociales son carácter urgente, puntual y transitorio, y se conceden cuando no existan otras posibilidades de intervención desde el sistema público de servicios sociales. Por este motivo, los abonos a las familias se realizaron en una media de tres días, aunque 73 prestaciones se pagaron en menos de 24 horas.

Además de ayudar a las familias a hacer frente a los pagos del alquiler o las fianzas, el programa también ha servido para que algunos beneficiarios hiciesen frente a los gastos asociados a la vivienda como suministros o el pago de tasas. La prioridad de la iniciativa, según la concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, es "hacer efectivo el derecho a una vivienda digna".

El programa A Flote comenzó en julio de 2016, año en el que se concedieron 69 ayudas. Más del doble se repartieron el año pasado, cuando en octubre ya se habían concedido 139 prestaciones. La cifra subió hasta las 197 ayudas con las que se cerró 2017. Además de los 179 beneficiarios del año pasado, la iniciativa también dio un impulso de manera indirecta a 363 personas, de las cuales 131 son menores.

La Fundación Emalcsa informó a principios de 2018 que su objetivo es garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello, este año prevé duplicar sus ayudas y superar los 250 beneficiarios. Además de ayudar a las familias coruñesas a hacer frente a los gastos de vivienda, el programa también pretende cubrir necesidades relacionadas con la salud, el transporte, material escolar o necesidades básicas, aunque excluye la alimentación.

La concejal de Xustiza Social e Coidados entiende que estas ayudas sociales sirven para "prevenir situaciones de riesgo como son la pérdida de la vivienda habitual o la prevención de situaciones de calle". Además, como novedad este año, la Fundación Emalcsa también otorga ayudas a un total de 24 entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales.