La inclusión en el proyecto de Presupuestos del Estado de este año de una disposición que permitirá a las autoridades portuarias quedar liberadas del pago del impuesto de sociedades por la venta de su patrimonio tendrá una repercusión especial en A Coruña. El organismo portuario coruñés prevé en su plan de empresa obtener 23,19 millones de euros por la venta de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, además de por La Solana y el hotel Finisterre, con el fin de reducir la deuda de 304 millones que soporta por la construcción del puerto exterior.
Las tres primeras propiedades han quedado excluidas de la operación tras un acuerdo entre Puertos del Estado y la Xunta que aún no se ha materializado, pero de llevarse a cabo, supondría además para el Puerto la obtención de unos beneficios de 16,8 millones antes de impuestos. Sin el cambio fiscal introducido en las cuentas de este año, esa cantidad se reduciría de forma sustancial, al igual que sucedería con la que será la mayor actuación proyectada para rebajar la deuda de la Autoridad Portuaria.
Habrá que esperar a 2023 para que se ponga en marcha la venta del muelle de San Diego, según el plan de empresa del Puerto, que pretende recaudar 176,5 millones con esa iniciativa si finalmente se realiza. Gracias a ella, el beneficio estimado sería de 178,1 millones al terminar el ejercicio, del que habría que descontar el impuesto de sociedades del que quedará exento según la modificación introducida ahora por el Gobierno.
Sin estas operaciones de venta, la Autoridad Portuaria tendría resultados negativos en los próximos años al verse obligada a amortizar los cuantiosos créditos contraídos para financiar la dársena de punta Langosteira. Esta es la razón por la que el organismo rechaza de forma tajante renunciar a la venta de los muelles si no hay una vía alternativa para hacer frente a la deuda.
Su postura choca frontalmente con la de Marea Atlántica, PSOE y BNG, que reclaman que sea el Estado el que se haga cargo del coste del puerto exterior y que los muelles interiores no sean sacrificados para pagar esas obras, aunque el Gobierno central tan solo ha desistido por ahora de vender Batería, Calvo Sotelo y La Solana.
