10 de abril de 2018
10.04.2018

Tres años y nueve meses de cárcel por cobrar durante 23 años un subsidio de su padre muerto

El marido de la procesada también fue condenado - La mujer falsificó la firma del beneficiario de la ayuda en numerosos documentos n Se apoderaron de 67.800 euros

10.04.2018 | 16:48
Interior del edificio de Nuevos Juzgados.

Un matrimonio reconoció ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña haber cobrado la pensión de discapacidad del padre de ella durante 23 años después de su fallecimiento. La procesada y su marido admitieron haber simulado que el hombre, muerto en 1991, seguía vivo para cobrar la prestación de la Xunta. De esta forma, consiguieron apoderarse de 67.800 euros. Los procesados se declararon ayer culpables de un delito continuado de estafa y de otro de falsedad en documento oficial. Ambos aceptaron ser condenados a tres años y nueve meses de cárcel, así como a devolver al Gobierno gallego el importe defraudado.

Los imputados trataron de inculpar a la madre de la sospechosa, ya fallecida, presentando un escrito en el que supuestamente la mujer reconocía su responsabilidad en el cobro de la ayuda. El documento fue escrito por su yerno y su hija falsificó su firma. La esposa del beneficiario de la ayuda también fue investigada, pero murió en diciembre de 2015.

El sentenciado rellenó impresos de la Consellería de Asuntos Sociais y su mujer falsificó la firma de su padre en numerosas ocasiones. Para cobrar la prestación también presentaron documentos que daban fe de vida del fallecido. Durante la investigación no se acreditó si esos escritos fueron expedidos por el Registro Civil de A Coruña -pues en esas fechas solo se exigía presentar el DNI del beneficiario y la presencia de dos testigos- o si fueron confeccionados por los procesados de forma fraudulenta.

En mayo de 2013, la Xunta advirtió que en una de las supuestas declaraciones del beneficiario de la ayuda no había manifestado su conformidad o disconformidad para que consultasen sus datos económicos y fiscales, por lo que le requirió que cubriese esa casilla. La comunicación fue recibida personalmente por el acusado el 18 de mayo de 2013, pero no fue atendida por el temor de ser descubiertos. Los sospechosos admitieron que, con la finalidad de que cesase toda actuación administrativa, idearon un plan. Para ello, elaboraron un escrito supuestamente realizado por el fallecido en el que comunicaba a la Xunta que se trasladaba a Madrid a residir con uno de sus hijos y que se encargaría él de tramitarle la pensión no contributiva ante los órganos de esa comunidad autónoma. La Administración gallega descubrió en julio de 2014 que no existía tal traslado y que el solicitante había fallecido en 1991.

La Fiscalía llegó ayer a un acuerdo sobre la pena con los abogados de los sospechosos. De esta forma, evitaron la celebración del juicio y aceptaron la pena de tres años y nueve meses de cárcel. El presidente de tribunal dictó sentencia ora en la sala.

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