12 de abril de 2018
12.04.2018
Los pisos de alquiler social, a examen

Un concurso bajo los focos

Un informe de la asesoría jurídica detectó incumplimientos de las bases de la convocatoria pero avaló el trabajo del tribunal de valoración compuesto por funcionarios

12.04.2018 | 09:56
Un concurso bajo los focos

El plan municipal para comprar pisos para alquiler social se someterá al dictamen del Consello Consultivo para que este fiscalice si su desarrollo fue legal. Estas son las claves de un concurso que comenzó como un proyecto en favor de la vivienda digna y ha acabado bajo los focos por las dudas sobre el cumplimiento de las bases con las que se convocó.

¿Cuál era el objeto del concurso? Comprar pisos, rehabilitar y ponerlos a disposición de familias con dificultades en régimen de alquiler. Con un doble objetivo, "aumentar el patrimonio municipal y establecer su posterior destino a garantizar el acceso a una vivienda digna a través de un sistema de alquiler social" y promover la "regeneración y rehabilitación urbana". Para ello, en junio de 2017, se abre un concurso para adquirir inmuebles nuevos o usados o edificios completos, libres de cargas y ocupantes. Las obras que necesiten para ser habitados no podían superar el 50% de su precio.

¿Cómo se desarrolló la convocatoria? Se presentaron 45 inmuebles. El tribunal de funcionarios encargados de tutelar los trámites elaboran una lista de excluidos y admitidos, tras un plazo de subsanación de errores en las ofertas. Por ejemplo, se quedan fuera 14 propiedades en situación de fuera de ordenación. Son finalistas 11 pisos y 2 edificios, que se ordenan en función de los baremos estipulados en las bases. En virtud de la valoración de los técnicos de Urbanismo y de una tasadora externa, se realiza una contraoferta a los propietarios. Seis aceptan y se firma la compra. De los 1,2 millones de euros consignados, invierten un total de 382.867 en inmuebles de las calles Fe, Joaquín Martín Martínez, Barrera, Santander, Agra de Bragua y Almirante Mourelle. El edicto de compraventa se publica en el BOP el 23 de enero.

¿Qué criticó la oposición y qué respondió el Gobierno local? El PP pone la lupa en el concurso porque el vendedor de dos de los pisos seleccionados es firmante fundacional de la Marea (los de las calles Joaquín Martín Martínez y Santander). También por que en el Catastro el primero figure como oficina. El lunes 12 de febrero el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, niega que haya irregularidades, remite el expediente a la oposición y el jueves los convoca a una reunión informativa a la que no acuden los populares por estar, alegaron, estudiando los papeles. El Ejecutivo sostenía que se trataba de una oficina legalizable como vivienda, tal y como avaló el servicio de Intervención de Edificación, siempre que cumpliese la "normativa de accesibilidad y habitabilidad". El examen del expediente crea más incertidumbres, como si los pisos tienen el tamaño mínimo exigido. Se reúnen dos comisiones, una de Rexeneración Urbana y otra de Transparencia, el 21 de febrero. El BNG reclama la revisión de todo el concurso por "no aplicar las bases que había diseñado". El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, solicita a la directora de la Asesoría Jurídica que examine el procedimiento. El expediente se cierra el 6 de abril. Además de revisar los 2.000 folios de documentación, la asesoría solicita nuevos informes técnicos. El PP fuerza la convocatoria de un Pleno que convoca el Secretario municipal para el 11 de febrero.

¿Quién resolvió el concurso? El proceso fue evaluado por la llamada Comisión de Valoración, formada por cinco funcionarios: tres del departamento de Urbanismo, uno de Asesoría Jurídica y otro de Intervención. Ante las críticas de los populares, publican un comunicado "ante el alcance público y político" tomado por el asunto. Defendiendo su "independencia", aseguran que en sus decisiones no intervino ningún personal de confianza designado por el Gobierno local y ningún responsable político. Piden un "tratamiento responsable del asunto".

¿Qué detecta el informe de la asesoría jurídica? En primer lugar, avala el trabajo de la Comisión de Valoración y señala que, las irregularidades que finalmente se confirmaron, fueron fruto de la "indefinición de las bases" en torno al modo de proceder en determinadas fases de la tramitación. Así, en el momento en el que había que verificar físicamente que los inmuebles se ajustaban a las bases, técnicos y comisión se centraron en la evaluación de su estado de conservación para determinar su tasación, las obras que había que realizar y la contraoferta económica. La asesoría jurídica detecta incumplimientos en 4 de los 6 inmuebles seleccionados, algunos apuntados por la oposición y otros nuevos.

¿Cuáles fueron los incumplimientos detectados? En dos pisos, los de la calle Fe y la calle Santander, dos dormitorios no tienen las medidas mínimas establecidas en las bases, aproximadamente, por medio metro cuadrado. En la calle Santander y en la calle Barrera, no hay huecos de luz hacia la calle sino hacia patios interiores. El piso e la calle Barrera, de más de 50 años, ha sido sometido a la ITE pero con resultado desfavorable. Y el piso de Joaquín Martín Martínez tiene categoría de oficina y uso real de vivienda, pero su regularización para uso residencial es imposible porque, incluso con obras, se quedaría a dos centímetros de altura mínima de 2,5 metros exigida por las normas de habitabilidad y accesibilidad.

¿Qué concluye el informe? Que debe procederse a la revisión de oficio en dos de los inmuebles. El más claro, la oficina de Joaquín Martín Martínez, por ser inviable su regularización por dimensiones aunque el PGOM permita hacerlo con carácter general en esa zona. La asesoría jurídica ve causa de nulidad. Duda sobre la propiedad de la calle Barrera porque las bases no especifican que la ITE deba ser favorable o no, por eso también sugiere enviar su compra al Consultivo. No cree que el resto de incumplimientos detectados sean de "suficiente entidad" como para la anulación del acto de compra, tras analizar la jurisprudencia del propio órgano fiscalizador y los tribunales en este sentido.

¿Qué determinaciones toma el Gobierno local? Siguiendo el informe de asesoría jurídica y una hora antes del pleno, la Junta de Gobierno Local se reunió para acordar la revisión de oficio de la compra de los dos pisos. Por otro lado, el edil de Rexeneración Urbana anuncia que corregirán las bases en la próxima convocatoria.

¿Qué decide la Corporación municipal? En el pleno celebrado ayer, forzado por el PP al tener el número de concejales para hacerlo, se aprobó instar al Gobierno local a remitir de manera íntegra el expediente y no solo la adquisición de las dos propiedades acordadas por la junta de gobierno con anterioridad. Los votos a favor son de PP, PSOE y BNG. El grupo de Marea se abstuvo. El PP cree que pueden existir consecuencias económicas si se anula el concurso y los socialistas advierten de que la resolución no se publicó previamente a la formalización de la compra para presentar alegaciones, lo que podría anular todo el procedimiento. El BNG considera que enviarlo al Consultivo es "lo más limpio, lo más higiénico".

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