El fuerte incremento de los alquileres de las viviendas se traduce en A Coruña en un importante aumento de los desahucios de personas que ocupan pisos mediante esta modalidad residencial. Si el número total de desahucios efectuados el año pasado en el partido judicial coruñés fue de 406 -con una subida del 30,1% sobre 2016, en que se contabilizaron 312 lanzamientos-, el de los motivados por el impago de alquileres creció un 34,9%, ya que pasó de 252 a 340.
La evolución de los desahucios en los últimos cinco años, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, reflejan que se ha producido un aumento del 5,7% entre 2013 y 2017, así como que la proporción entre los causados por hipotecas y alquileres se ha recuperado tras un quinquenio en el que disminuyó. En 2013 había 5,4 lanzamientos por arrendamientos por cada uno originado por una hipoteca, la misma correspondencia que en 2017. Ese número descendió a 4,4 en 2014 y a 3,5 en 2015, pero ya en 2016 se apreció un notable aumento que llegó al 5,04%.
El desplome del sector inmobiliario a causa de la crisis económica supuso que la construcción de viviendas quedase prácticamente paralizada en toda España. En A Coruña ese fenómeno también se produjo, ya que los grandes proyectos de urbanización previstos quedaron aplazados y tan solo en los dos últimos años se ha reactivado el sector, aunque con la puesta en marcha de iniciativas de pequeñas dimensiones.
La consecuencia de este comportamiento del mercado ha sido un incremento considerable de la demanda de pisos de alquiler que a su vez ha generado un espectacular aumento de los precios. La persistencia de la precariedad laboral para muchas personas hace que sufran graves problemas para hacer frente al pago de las mensualidades de los arrendamientos, de forma que los propietarios acaban por solicitar a los juzgados el desahucio de los inquilinos cuando no reciben las cantidades pactadas.
Pero la recuperación económica no ha supuesto además una reducción drástica de los desahucios originados por el impago de una hipoteca, como lo refleja el dato de que el año pasado fueron 62 los ocurridos en el partido judicial, frente a los 54 de hace cinco años. En el pasado lustro 2015 fue el peor año en esta estadística, ya que se alcanzaron los 70 lanzamientos motivados por esta causa, aunque al año siguiente la cifra se redujo a 50.
La huelga que desde hace más de dos meses afecta a los trabajadores del sector judicial en Galicia está repercutiendo de forma directa sobre estos procesos, ya que los jueces se ven obligados a paralizar su tramitación, lo que supone un respiro momentáneo para quienes tienen ante sí la amenaza del desalojo de su vivienda.
Pese a que el número de desahucios de 2017 fue superior al de 2013, cuando la salida de la crisis ni siquiera se atisbaba, la movilización social no es la misma que en aquel momento, lo que los colectivos que luchan contra este problema consideran como una consecuencia del cansancio de las personas que toman parte en las protestas. Otro de los factores que contribuye a que los desahucios pasen desapercibidos es que los causados por el impago de alquileres no tienen la misma consideración social que los hipotecarios, en los que la presencia de una entidad financiera como impulsora del lanzamiento de una familia genera en la ciudadanía un mayor respaldo a los perjudicados.
La pervivencia del problema a pesar de su falta de visibilidad llevó a la plataforma Stop Desahucios Coruña a promover la aprobación por el Concello de una moción que definiese la línea de actuación municipal sobre estas situaciones. La iniciativa recibió el pasado lunes el respaldo de Marea Atlántica, PSOE y BNG, mientras que el PP se abstuvo, y tiene como primer punto la declaración de A Coruña como "ciudad libre de desahucios" A Coruña ciudad libre de desahucios.
Otro de los contenidos de la moción es la decisión de no proporcionar medios materiales y humanos del Concello para los desahuciosdesahucios, a no ser que un juzgado lo ordene, además de que se preste asistencia municipal a los afectados para lograr una solución adecuada. Para lograr ese objetivo se redactará un protocolo que definirá las medidas necesarias para atender a los perjudicados, en especial a los que tengan mayores problemas sociales.
También figura en el texto la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda y la lucha contra la "desocupación permanente e injustificada" de pisos y la creación de una Oficina Municipal de Vivienda que actúe frente a los desahucios para asesorar y apoyar a los afectados.
