No solo será la de A Coruña la Autoridad Portuaria que se beneficie de la exención fiscal que figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en el que se exime a estos organismos de pagar el impuesto de sociedades por la venta de patrimonio, siempre que su objetivo sea reducir la deuda que soportan por créditos que hayan contraído. El caso coruñés es uno de los más significativos, puesto que para la construcción de punta Langosteira, el Puerto contrajo un crédito de 126,4 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otro de 200 millones con Puertos del Estado.

Para hacer frente al pago de esas cantidades, los convenios firmados en 2004 establecieron que se vendieran los muelles de la Batería, Calvo Sotelo y San Diego, aunque este año Xunta y Puertos del Estado acordaron que los dos primeros no se subastarán.

El organismo portuario estatal señala que, además de A Coruña, otras ciudades pretenden vender parte de su patrimonio para reducir deuda, y cita expresamente a Gijón, Tenerife, Sevilla, Castellón y Cádiz. Pero en ninguna de ellas está prevista una operación ni de las dimensiones ni de la relevancia urbanística que se proyecta en A Coruña, a la que se oponen ahora los grupos municipales de la izquierda y sobre la que Alberto Núñez Feijóo señaló que tendría que servir para garantizar la "viabilidad" del Puerto.

Gijón y Tenerife son las autoridades portuarias son las que más similitudes presentan con la coruñesa, ya que ambas acometieron importantes ampliaciones de sus muelles que derivaron en un importante endeudamiento del que tratan de salir con la venta de patrimonio. La construcción de la ampliación de El Musel, el puerto gijonés, obligó a su Autoridad Portuaria a contratar un crédito de 250 millones con el BEI y otro de 215 millones con Puertos del Estado. Ya el año pasado vendió al Ayuntamiento de esa ciudad la finca conocida como La Quinta La Vega, con 7.000 metros cuadrados de jardín y un edificio, por 1,3 millones, además de dos grúas-pórtico por 7,3 millones, aunque esa última venta no tendrá exenciones fiscales.

El puerto gijonés pretende vender también su antigua sede por 3 millones, aunque ya lo intentó mediante dos subastas que quedaron desiertas, y pretende hacer lo mismo con los terrenos del astillero Naval Gijón, con más de 39.000 metros cuadrados, pero su primera subasta, en la que tasó la parcela en 5 millones, no obtuvo ofertas. La misma suerte corrió un grupo de parcelas que suman 16.129 metros cuadrados y que salieron a subasta por 756.088 euros. Para construir el puerto exterior de Granadilla, la Autoridad Portuaria de Tenerife solicitó en 2007 un crédito bancario de 120 millones que debe devolver en 25 años, pero para amortizarlo no están proyectadas grandes operaciones inmobiliarias, una situación que se repite en el resto de puertos que soportan deudas de este tipo.

Si en A Coruña finalmente solo es San Diego el muelle que se vende, ya que Xunta y Puertos del Estado aún no firmaron el pacto sobre Calvo Sotelo y la Batería seis meses después de anunciarlo, será una subasta de 377.057 metros cuadrados. Semejante superficie no solo es destacable por su tamaño, sino también por su ubicación en la ciudad, ya que los terrenos de los que se desprenderá el Puerto de Gijón no tienen la misma relevancia urbanística. En el caso coruñés, se trata de una zona con vistas privilegiadas a la ría y de fácil integración en el casco urbano, lo que hace más trascendente su posible paso a manos privadas.