El Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña ha condenado a penas de entre un año y nueve meses y seis meses de prisión a cuatro acusados de falsificar contratos de trabajo a extranjeros para que obtuviesen o renovasen sus permisos de residencia. Uno de los miembros de la organización era el responsable de una asesoría situada en la avenida de Oza, desde donde elaboraba los acuerdos laborales ficticios, con sus correspondientes altas en la seguridad social. "El imputado, a través de su asesoría, comunicaba el alta de trabajadores en empresas para las que realmente nunca habían trabajado o en su propia empresa", indica el juez en la sentencia, en la que señala que la mayoría de los beneficiarios eran de nacionalidad argelina y residentes en A Coruña.

Otro de los procesados colaboró al permitir que los inmigrantes se diesen de alta en su compañía de tala de árboles, a pesar de que nunca trabajaron para él. "Los contratos de trabajo, que no se correspondían con la realidad, en ninguno de los casos, fueron comunicados a la seguridad social y aportados para conseguir la renovación de permisos de residencia", señala el magistrado, quien apunta que al menos tres personas consiguieron de esta forma fraudulenta su permiso para permanecer en España, mientras que el resto de investigados los usaron para conseguir su renovación.

El juez de Penal 4 ha condenado a cada uno de los sospechosos, quienes se declararon culpables, como autor de un delito continuado de falsedad en documento público cometido por particular. A dos de ellos les ha impuesto un año y nueve meses de cárcel, que no cumplirán con la condición de que no vuelvan a delinquir en los próximos dos años; y, a los otros, seis meses de prisión, que tampoco cumplirán. El representante del Ministerio público demandaba en su informe sobre los hechos más pena para cada uno de ellos, pero antes del juicio llegó a un acuerdo con las defensas de los sospechosos, por lo que el juez de Penal 4 de A Coruña dictó sentencia oral en la sala. Contra el fallo no cabe recurso porque fue dictado bajo la conformidad de todas las partes implicadas en el procedimiento judicial.

La Fiscalía no se opuso a la suspensión de las penas con la condición de que los condenados no delincan y de que paguen las multas que les impuso el juez. También dio el visto bueno a que se les fraccione el abono. Los procesados deberán pagar entre 1.620 y 540 euros.