El concejal de Culturas, José Manuel Sande, celebró ayer la sentencia de un juzgado de lo Contencioso que avala la suspensión de la feria taurina de 2015, poco después de llegar al Gobierno de María Pita. "Creo que es importante y revelador que la sentencia indica que se puede rescindir un contrato por interés general y que está por encima que hay de la tauromaquia como patrimonio cultural", declaró.

El edil afirma que el Ejecutivo estaba "dispuesto" a pagar gastos justificados, tanto el lucro cesante como el daño emergente, que la empresa tendrá que justificar con facturas. La sentencia es, para Sande, "muy importante", al considerar que "abre camino al fin de la tauromaquia como espectáculo cultural". "Acredita la finalización del contrato como rescisión normal y reconoce la posibilidad de las administraciones de aducir interés general como motivo de la rescisión, como ocurrió en 2015, y ayuda a desechar esta vía de la tauromaquia como patrimonio cultural", concluye, "son dos conquistas, en lo administrativo y lo cultural".

La sentencia, que no es firme, estima el derecho del contratista a una compensación. Niega, sin embargo, su pretensión de calcular la cantidad al alza por futuribles ingresos como los derechos de una retransmisión televisiva o un potencial aumento de entradas gracias a su gestión. La cantidad será fijada en el procedimiento de ejecución de sentencia pero no será menor de 30.000 euros.