La adquisición por la Xunta de Galicia del 51% de la propiedad de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, así como de una parte aún sin definir del de San DiegoXunta muelles de Batería y Calvo Sotelo, fue interpretada el pasado miércoles por Alberto Núñez Feijóo como que esos terrenos quedaban "blindados" para su uso público. Pero la vigencia de los acuerdos suscritos en 2004 para marcar el futuro del suelo portuario con el fin de financiar el puerto exterior de A Coruña hace que la operación firmada este miércoles no tenga consecuencias directas sobre la calificación y uso de esos muelles mientras no se modifiquen esos convenios, cuyo contenido figura además estipulado en el plan general de la ciudad.

Los pactos alcanzados por el Ministerio de Fomento, el Concello, la Xunta y la Autoridad Portuaria hace ahora catorce años establecían la venta de Calvo Sotelo, Batería y San Diego para costear las obras de punta Langosteira. Para hacer atractiva esa superficie a los posibles compradores, se decidió que los dos primeros muelles tuviesen uso terciario, de forma que sería posible construir instalaciones comerciales o de servicios, incluidos los hoteleros.

Para San Diego, la zona con mayor superficie, se optó por autorizar también la construcción de viviendas en edificios que podrán alcanzar hasta diez alturas, por lo que sería la que tendría un mayor tirón entre las empresas del sector inmobilario. La inclusión de estos acuerdos en el plan general aprobado en 2013 hace que el cambio de propiedad de los muelles no tenga trascendencia sobre los usos permitidos en los mismos, ya que para cambiarlos sería necesario promover una modificación de la normativa urbanística. Pero esa iniciativa le corresponde al Concello, precisamente esta administración que fue excluida del protocolo firmado por Xunta y Fomento, en el que también estamparon su rúbrica los representantes de Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria pero no el Concello, que ejerce la competencia sobre la ordenación urbanística de la ciudad.

El paso a manos de la administración autonómica del control de Calvo Sotelo y Batería

Calvo Sotelo y Batería, en los que la Autoridad Portuaria conservará por el momento el 49% de la propiedad, no implica además que se impida la posibilidad de adjudicar concesiones a empresas privadas para que desarrollen sus proyectos, aunque la titularidad de los terrenos continuaría siendo pública, como sucede en la actualidad en el muelle de trasatlánticos con el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) y el centro comercial Los Cantones Village.

Tampoco el protocolo varía de forma sustancial el futuro previsto para San Diego. De entrada se ignora la participación que tendrá la Xunta en su propiedad, y el hecho de que la adquiera no supone que no pueda deshacerse de ella. El resto seguirá perteneciendo a la Autoridad Portuaria, cuya acuciante situación económica le obliga a plantearse la venta de estos terrenos para hacer frente a su deuda.

Feijóo eludió el miércoles aportar datos sobre los planes de su Gobierno tanto para los muelles en los que la Xunta contará con la mayoría de la propiedad como para en el que está por saber qué porcentaje tendrá. Ni siquiera fue claro cuando se le preguntó si habrá viviendas en San Diego, ya que tan solo comentó que esa decisión deberá tomarse por quien gobierne en 2027, año en el que terminan las concesiones de las empresas instaladas en ese muelle.

La posibilidad de que el Concello y la Diputación adquieran parte de la propiedad que continuará en poder del Puerto, como les invitaron a hacer Fomento y la Xunta, no variará además el papel dominante que pasa a tener el Gobierno gallego con este acuerdo, ya que el 51% de la propiedad le dará derecho a decidir en solitario el futuro de los muelles.

REACCIONES

Tras las críticas vertidas el miércoles por el Gobierno local y los grupos municipales del PSOE y el BNG a la firma del protocolo con la ausencia del Concello, el Partido Popular saludó ayer el pacto entre Fomento y la Xunta como una "buena noticia", según la presidenta local de la formación, Beatriz Mato, quien es además la virtual candidata a la Alcaldía en los próximos comicios. Según ella, con este acuerdo la Xunta "cumple con todos los coruñeses" al entender que materializa el acuerdo del pleno municipal sobre las mociones que exigían que se impidiese la subasta de los muelles.

Mato también consideró que el protocolo constituye una "importante inversión" de 20 millones en la ciudad, a pesar de que esa cantidad irá destinada a reducir la deuda de la Autoridad Portuaria. La presidenta local del PP no perdió la oportunidad de sacar como conclusión de esta iniciativa de la Xunta que refleja las diferencias entre las administraciones, ya que estima que unas "dan pasos para resolver problemas" y otras "en lugar de trabajar están mareando".

El BNG reclamó por su parte que se haga público el acuerdo adoptado entre Fomento y la Xunta al considerar que lo único que se conoce es el "reparto del pastel", sin que se sepa el destino que se pretende dar a los terrenos portuarios. Para la portavoz municipal nacionalista, Avia Veira, el protocolo "no altera el modelo de financiación del puerto exterior", ya que el muelle de San Diego y el hotel Finisterre seguirán pendientes de la subasta que convoque el Puerto de A Coruña.

Veira destacó que el acuerdo mantiene los usos previstos en los muelles que adquirirá la Xunta, de forma que a su juicio se mantendrá lo que califica de modelo del PP para esos terrenos: "Mucho beneficio para algunas empresas privadas que poco reportan al conjunto de la ciudad". La edil expresó además su temor a que esta operación se plasme en un "nuevo desastre urbanístico" a costa de suelo que pertenece a toda la ciudadanía.

La Comisión Aberta en Defensa do Común, colectivo que reclama el paso a manos municipales de todos los terrenos que la Administración central pretende vender en la ciudad, manifestó ayer su rechazo al contenido del protocolo. "A Coruña no se vende, ni por mucho ni por poco, porque no estamos dispuestos a pagar por lo que ya es nuestro", defendió la entidad en un comunicado con el que se opuso a que la deuda del Puerto se salde con la venta de los muelles. La exclusión del Concello del acuerdo es una "deslealtad institucional", según la Comisión Aberta, que considera que esa institución debe estar presente en la toma de decisiones sobre el litoral del municipio.

Pero también exige al Gobierno local que evite la venta de los muelles al estimar que dispone de medios, como la modificación del plan general, que además forma parte de los acuerdos aprobados por el pleno en dos mociones, en las que además se plantea la entrega gratuita de todos los terrenos estatales desafectados y la celebración de una consulta popular sobre su destino.

La asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros se pronunció en los mismos términos y además reclamó que no se permita edificar en el muelle de San Diego "a cambio de liberar los del centro de la ciudad".