El compromiso del Ministerio de Fomento para financiar con 140 millones la construcción de la conexión ferroviaria del puerto exterior puerto exteriorestá vinculado a que la Xunta adquiera el 51% de los muelles de Batería y Calvo Sotelomuelles de Batería y Calvo Sotelo. Ambos compromisos figuran en el protocolo firmado entre ambas entidades, gobernadas por el PP, y pendiente de concretarse en un convenio posterior. El acuerdo que desarrollará el firmado el pasado miércoles por el ministerio, Puertos del Estado, el Gobierno gallego y la Autoridad Portuaria incluye que el "incumplimiento de las obligaciones" que figuran en el mismo "podrá dar lugar a la modificación o resolución de este convenio".
La comisión de seguimiento que se creará para vigilar el desarrollo del acuerdo, integrada por los cuatro organismos, será la encargada de determinar las "concretas consecuencias del incumplimiento", así como "los criterios indemnizatorios que hubieran de aplicarse" en caso de que así se decidiera.
Tanto el protocolo suscrito por las cuatro partes como el borrador de convenio que figura como un anexo, pendiente de firma, contienen entre los compromisos de los organismos el de que el Ministerio de Fomento costeará la construcción de la vía férrea que conectará punta Langosteira con la red ferroviaria nacional. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado previamente esta decisión, aunque no dio detalles sobre cómo se materializaría.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó el miércoles que Puertos del Estado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) firmarán un convenio sobre la financiación de este proyecto, que dispondrá de recursos del Fondo de Accesibilidad Terrestre, dotado este año con 500 millones.
La iniciativa del ministerio despeja el camino para la llegada del tren a Langosteira, ya que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que las obras serán licitadas en la primera mitad del próximo año. Las dificultades financieras que sufre la Autoridad Portuaria de A Coruña por la deuda que soporta Autoridad Portuariade A Coruñadeuda por la construcción de la nueva dársena le impedían asumir la financiación del enlace ferroviario, por lo que se desconocía cómo se costearía esta infraestructura, imprescindible para el funcionamiento de Langosteira. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mencionó el miércoles que la apuesta de su departamento por hacerse cargo de esta actuación suponía "desatascar un problema importante".
La inclusión de este asunto en un convenio destinado a resolver la agobiante deuda de la Autoridad Portuaria deuda de la Autoridad Portuariapor la construcción del puerto exterior, 300 millones de euros, introduce un factor de incertidumbre. El documento no relaciona directamente la compra de los muelles de Calvo Sotelo y Batería por parte de la Xunta, así como la futura subasta del de San Diego en 2027, con la financiación de la vía férrea hasta Langosteira, pero al tratarse todos ellos de compromisos que adquieren las partes firmantes, el incumplimiento de uno de ellos puede afectar a los otros. Pero tampoco los convenios de 2004 mencionan la conexión ferroviaria del puerto exterior, cuya incorporación a este nuevo acuerdo carece de sentido si no se vincula con el problema de la deuda del Puerto de A Coruña.
El hecho de que tanto el gobierno central como el autonómico estén ahora dirigidos por el mismo partido garantiza en la actualidad el cumplimiento del acuerdo firmado el miércoles, pero un cambio político en uno de ellos que llevase al poder a una fuerza contraria al proceso diseñado para la venta de los muelles, solo apoyado por el PP, podría afectar a la financiación del ferrocarril a punta Langosteira. Xunta y Fomento no solo acordaron que la primera adquiera el 51% de la propiedad de los muelles de Calvo Sotelo y Batería, sino la vigencia de los convenios firmados en 2004 para financiar el puerto exterior, que prevén la subasta desde 2027 de los terrenos de San Diego, en los que el plan general autoriza la construcción de 4.000 viviendas.
Además de su malestar por ser excluido de la negociación y posterior firma de este protocolo, el Gobierno local expresó su rechazo al contenido precisamente por el mantenimiento de los pactos de 2004, que a su juicio dan luz verde a una operación especulativa de gran calado en San Diego. Marea Atlántica no es la única fuerza política de la Corporación que se opone a esta iniciativa, ya que tanto el PSOE como el BNG manifestaron en el pleno municipal su voluntad de que los acuerdos firmados hace catorce años sean renegociados.
El acceso de estas formaciones a uno de los dos gobiernos que suscribieron el protocolo y la decisión de paralizar la venta de San Diego podría ser contestado por alguno de los firmantes con la solicitud de la anulación del acuerdo. Al formar parte del mismo la financiación del tren al puerto exterior, los fondos para este quedarían bloqueados.
