La comisión municipal de Facenda analizará hoy la propuesta presentada por el interventor interventorpara que se adopte un régimen de fiscalización limitada previa para los gastos e ingresos del Concello y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). El responsable del control financiero del Ayuntamiento considera que si el pleno no aprueba esta iniciativa, debería cuadruplicarse el personal del departamento de Intervención, ya que en caso contrario se produciría una "ralentización grave de la gestión diaria del gasto".

Según el interventor, en caso de no reducir los controles previos a cada propuesta de gasto, "la revisión de cada expediente tendrá que ser completa", por lo que aunque se dotara a la Intervención del personal necesario para efectuarla, "se ralentizaría la ejecución del gasto", lo que repercutiría de forma negativa en la gestión económica municipal". La iniciativa del interventor es consecuencia de la aprobación por el Gobierno central el año pasado del Reglamento de Control Interno de las Entidades Locales del sector público, que da la posibilidad de establecer una fiscalización limitada previa y permite al pleno de cada ayuntamiento fijar una serie de requisitos básicos mediante los que se efectúe el control de la gestión económica.

El interventor entiende que el real decreto mediante el que se aprobó ese reglamento "orienta" hacia la aplicación de la fiscalización limitada previa al estimar que es un sistema "más ágil que si el control fuese pleno" y que además va acompañado del que se realiza posteriormente sobre los gastos e ingresos efectuados por el Concello. También destaca el funcionario que este mismo modelo es aplicado por la administración central "desde hace varias décadas" y por la mayoría de las comunidades autónomas, e incluso por el propio Ayuntamiento coruñés "por lo menos en la última década", aunque ahora se requiere un acuerdo del pleno en este sentido.

La propuesta que Intervención formula a la comisión de Facenda parte de los requisitos básicos que fija el reglamento estatal, que consisten en la comprobación de que existe crédito presupuestario para cada gasto y que es adecuado a su naturaleza, así como que los recursos destinados en las cuentas existen realmente. También se revisará que las obligaciones o gastos sean generados por el órgano competente. El interventor añade requisitos que afectan a las expropiaciones, cuya causa considera que debe ser informada y cuyo precio justificado por un técnico competente.

En el caso de las sentencias judiciales, requiere que la asesoría jurídica informe sobre si es procedente su ejecución y que se cuantifique su repercusión económica. También propone que en los pagos de contratos menores se proporcione la factura conformada y un informe sobre la necesidad del gasto. Para el resto de contrataciones se reclama una valoración sobre su repercusión en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, mientras que en la devolución de ingresos indebidos se exigen medidas de control sobre todo el proceso que deriva en esa medida.