Las condiciones económicas de la oferta, con la referencia del coste total máximo más bajo, será el criterio de selección con mayor puntuación, 80 puntos, en el que se apoyará el Gobierno local para contratar en una entidad financiera un crédito por importe de 7,9 millones de euros que destinará a inversiones en el presupuesto municipal de este año. Los otros dos criterios de valoración de la operación, con 10 puntos cada uno, serán el compromiso con políticas sociales de vivienda contrarias a los desahucios y la disposición de pisos de alquiler social a las administraciones públicas.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el pliego de condiciones administrativas que regirán la contratación del préstamo que firmará el Ayuntamiento con un banco, que también establece como requisito que la entidad que se presente a la licitación no haya incurrido en una actividad delictiva en alguna zona considerada como paraíso fiscal.

Los pliegos incluyen además como requisito necesario que la entidad financiera se adhiera al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, según indicó ayer la concejal de Facenda, Eugenia Vieito. El plazo de presentación de ofertas será de 20 días naturales contados a partir de la publicación del anuncio en el perfil del contratante municipal.

El Concello recurrirá a esta operación de endeudamiento tras reflejar la liquidación del presupuesto de 2017 que la administración local cerró el pasado ejercicio con un superávit de 18,3 millones de euros y un ahorro neto de 27 millones, con una deuda viva de 63,8 millones, la más baja de la década y casi diez millones por debajo de la registrada en 2016. El Ayuntamiento, según recogen los pliegos, devolverá los 7,9 millones de euros solicitados en el préstamo en un plazo de diez años en 40 cuotas trimestrales consecutivas.

Cuando el Concello confirmó que en el presente ejercicio habría superávit el alcalde, Xulio Ferreiro, avanzó que el Gobierno local preveía destinar el dinero no gastado el año anterior en las inversiones financieramente sostenibles que mediante decreto ley permitirá el Estado. Entre ellas incluye proyectos en espacios públicos, con eficiencia energética y trabajos de reurbanización como tareas principales, en instalaciones deportivas, centros cívicos y centros educativos.