La Proposición Non de Lei presentada ayer por En Marea para que el Parlamento gallego se posicione en favor de revisar los convenios de 2004 que afectan a la reordenación urbanística de los muelles interiores una vez que sean liberados de su actividad portuaria no saldrá adelante hoy, ya que el PP votará en contra de la iniciativa. PSOE y BNG avanzaron ayer en el debate que apoyarán la iniciativa, aunque sus votos no serán suficientes para conseguir el propósito defendido ayer por el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez.
El texto tilda de "protocolo infame" el acuerdo al que llegaron Puertos del Estado y Xunta -excluyendo al Concello de la negociación- y consideran que fue redactado "desde la deslealtad institucional" y con el objetivo de apuntalar la "campaña electoral" de la actual conselleira de Medio Ambiente y consejera del puerto, Beatriz Mato, como candidata a la Alcaldía de A Coruña, a quien Sánchez afeó que hubiese votado en favor de subastar La Solana.
En este acuerdo, Fomento se compromete a financiar con 140 millones de euros la conexión ferroviaria al puerto exterior si la Xunta adquiere el 51% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. En Marea, PSOE y BNG están de acuerdo en que esta maniobra contable no solucionará las deudas contraídas por la Autoridad Portuaria en la construcción de la dársena exterior y que abre la puerta a la especulación con los terrenos liberados, una idea que, según recordó Sánchez, es "contraria al interés general de la ciudad". La proposición presentada por En Marea, y que cuenta con el visto bueno del BNG y del PSOE, alerta de que permitir que siga adelante el acuerdo de Puertos del Estado y la Xunta implica posicionarse a favor de "un pelotazo urbanístico". Aboga por que sea la ciudadanía la que decida los usos que tendrán tanto Batería como San Diego y Calvo Sotelo. Es por ello por lo que En Marea propone que se abra "un proceso de negociación" en el que se tengan en cuenta los acuerdos plenarios de María Pita y que se base en la "integración del puerto y la ciudad" sobre las bases del interés público, con los equipamientos, los espacios y zonas verdes y la economía productiva como protagonistas. Es por ello por lo que instan al Concello, a la Autoridad Portuaria y al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, a que revisen los convenios de 2004, que prevén la venta de los muelles y la construcción de viviendas.
En su intervención, el portavoz de Infraestruturas del Partido Popular y también concejal en María Pita, Martín Fernández Prado, afeó a la oposición que intentase "crear una realidad paralela" y al Gobierno local le solicitó que se sume al convenio de Xunta y Puertos. "Cualquier alcalde estaría contento de que la Xunta ponga 20 millones de euros en su Concello para el puerto", Fernández Prado defendió ayer que este documento "evita la subasta de La Solana, Batería y Calvo Sotelo" y que se "centra en garantizar que el suelo" tenga "titularidad pública" y argumentó que, "no habla para nada de usos ni se mete en competencias del Concello".
