El Parlamento de Galicia rechazó ayer, con los votos en contra del PPdeG frente al apoyo del conjunto de la oposición, una proposición no de ley del BNG por la que, entre otros aspectos, se reclamaba la devolución a propiedad municipal de los terrenos portuarios de A Coruña y la paralización de las pujas y venta de estos bienes.

En la propuesta descartada también se instaba a la Xunta a impulsar la firma de un nuevo convenio entre el Concello, el Gobierno gallego, Fomento y la Autoridad Portuaria para que la Administración central asuma "el coste íntegro" de las deudas de la entidad portuaria por Langosteira y sus conexiones. A este punto fue añadida una enmienda del PSdeG en la que se solicitaba la constitución con carácter urgente de la comisión de seguimiento prevista en los convenios a este respecto firmados en 2004. Por último, se incorporó un apartado adicional en base a una enmienda de En Marea para que se realizaran las gestiones oportunas para dejar sin efecto el protocolo de 2018 que rige la futura gestión de los terrenos.

La portavoz del BNG, Ana Pontón presentó ayer la proposición no de ley, exigió ayer a la Autoridad Portuaria. "El compromiso del Estado con Galicia es cero, porque si vamos a la financiación del puerto exterior, lo que se destinaron, realmente, fueron fondos europeos, 260 millones, se consiguió un préstamo con condiciones ventajosas del Banco Europeo, de 130 millones y después hay otro préstamo de Puertos de 250 millones y queda un enorme hueco sobre el que tendrán que decidir el Estado y el Puerto", censuró Pontón.

El diputado del PP, Gonzalo Trenor, solicitó a la oposición que contribuyese y no bloquease "el acuerdo" firmado por Xunta y Estado y que considera que "pone a los vecinos y vecinas de A Coruña por encima de conflictos partidistas y de egos". El diputado del PSdeG, Juan Manuel Díaz Villoslada, pidió explicaciones al PP sobre los 20 millones de euros que aparecen recogidos en el protocolo firmado por Xunta y Estado para el borde litoral. "Demandamos lealtad institucional con A Coruña", pidió Villoslada, ya que este convenio no cuenta con el beneplácito del Concello y propone que sea un consorcio, como en otras ciudades, quien se haga cargo de esta transformación.

Antón Sánchez, de En Marea, tildó de "infame" el protocolo firmado por Puertos y por la Xunta y apuntó a que hay "una gran mayoría en la ciudad que quiere poder decidir democráticamente qué se va a hacer" en la fachada litoral, como "oportunidad para reequilibrar la ciudad" dándole espacios verdes, servicios y la salida al mar.