"Con los okupas estábamos mejor, por lo menos esto estaba cuidado y no como ahora", dice el presidente de la asociación de vecinos Os Nosos Lares de Palavea, Manuel Gómez. La historia reciente del movimiento okupa en la ciudad pasa por Monte Alto, por A Moura, aunque en este enclave no se llegó a montar ningún centro social autogestionado, por Palavea y, ahora, también por A Maestranza.

El martes 12 de abril de 2011, a las 07.30 horas se acababan tres años de okupación en el número 14 de la calle Atocha Alta. Una sentencia firme del Juzgado de Instrucción número 5 obligaba a los activistas a dejar el inmueble, propiedad de la promotora Juan Pérez Paz. Este inmueble contaba con una licencia para desarrollar un polígono residencial.

La licencia para poner en marcha estas obras, que se había concedido en agosto de 2012, fue anulada en 2016 por el Concello al entender que el promotor había sobrepasado "ampliamente" los seis meses que tiene de plazo legal para iniciar los trabajos de construcción. Con el cambio del plan general, el proyecto original ya no se ajusta a la normativa vigente. La empresa Juan Pérez Paz advirtió al Concello de que, en caso de que se le anulase la licencia de 2012, renunciaría a construir las viviendas. Tras esta decisión, el Concello no ha concedido ningún nuevo permiso para dar vida a este espacio en el que, tres años después del desalojo, entraron las máquinas para demoler la antigua Casa da Atochas y también de la vieja sede del bar Odilo.

Ya el día del desalojo de la Casa das Atochas, en la que solo había ese día dos personas que no ofrecieron resistencia al amplio dispositivo de agentes de la Policía Nacional desplegado en la zona, los activistas aseguraron que tomarían otro espacio en la ciudad para poder continuar con su labor de centro social con talleres y conciertos gratuitos.

El lugar elegido fue el antiguo internado de las Oblatas, en Palavea, en el que el movimiento okupa se instaló en el verano de 2011, tan solo unos meses después del desalojo de As Atochas.

Este espacio era mucho mayor que el de Monte Alto, con unos 6.000 metros cuadrados de finca y una nave de 3.500 metros cuadrados, perteneció al exjugador del Celta Valeri Karpin, pero en 2011, NCG Inmobiliaria embargó la propiedad al futbolista y fue su propietaria hasta que, en 2012, un empresario de la comarca la adquirió por 1,5 millones de euros para construir una residencia para la tercera edad. El propietario recurrió a la vía penal para forzar el desalojo del inmueble, que se ejecutó el 25 de marzo de 2014. Ese día solo Elisabeth Sanlés, la mujer desahuciada de O Castrillón, estaba en las dependencias del Centro Social Okupado en el que, durante casi tres años, los activistas organizaron talleres, cultivaron hortalizas y dinamizaron la vida cultural del barrio de Palavea.

El presidente de la asociación de vecinos Os Nosos Lares denuncia que, tras el desalojo de los okupas, el edificio fue "de mal en peor", y que fue víctima de varios robos. "Esta semana aún se llevaron las puertas de la entrada", lamenta Manuel Gómez, que asegura que, en varias ocasiones, le solicitaron al Concello que tapiase la entrada, aunque la propiedad, a diferencia de A Maestranza, no es municipal. En el caso de las Oblatas, el desalojo se realizó a primera hora de la mañana y con un amplio dispositivo tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil de Tráfico. Tras el desalojo, un candado en la puerta indicaba que no se podía volver a entrar sin permiso. La última Junta de Gobierno concedió una licencia para reformar el proyecto básico y de ejecución de modificación de la licencia que autorizaba la reforma del inmueble para acoger un centro de atención a personas mayores.

En A Moura hubo un intento en 2012 de crear un centro social autogestionado, aunque no se hizo realidad. Hasta el inmueble se mudaron no solo okupas sino también antiguos vecinos de Penamoa. Después de años sin actividad, el movimiento okupa se metió en Comandancia de Obras hace un año y medio. Es la primera vez que sus activistas entran y son expulsados en un edificio público. El proyecto municipal es reformar las instalaciones para abrir un centro dedicado a los jóvenes, aunque falta que Fomento designe a un técnico para poder iniciar las obras. Y es que, sin la firma de este profesional, no se puede formalizar el acta de replanteo, que es lo que se necesita para que la contrata -que hará obras valoradas en un millón de euros- pueda entrar.