MARCOS MOSQUERA
Marcos Mosquera.A Coruña
El comité de empresa de la Autoridad Portuaria se opone a
adelantar la venta y urbanización de los muelles si no existen garantías para el mantenimiento de la operatividad y el empleo en el puerto. El órgano de representación de la plantilla del ente público exige al Puerto que la desafectación de los muelles de Calvo Sotelo, Batería, San Diego y Petrolero no se lleve a término hasta la entrada en funcionamiento de la dársena exterior de punta Langosteira, prevista para el año 2011.
La demanda de estas garantías destaca entre las reclamaciones planteadas en el escrito que el comité dirigió ayer al consejo de administración del Puerto. En ese documento, los representantes de los trabajadores se quejan de "la falta de información referente a la desafectación de los muelles sin tener certeza alguna sobre las instalaciones de punta Langosteira".
Una veintena de trabajadores, incluidos miembros del comité, se manifestó ante la Autoridad Portuaria a la hora en que se reunía el consejo de administración. Antes había entregado el escrito en el que, además de la cuestión de la venta de muelles, reclamaba la equiparación salarial de la plantilla con la de los otros puertos del Estado y que la Autoridad Portuaria vuelva a abonar a sus empleados el plus de productividad.
El presidente del comité, Manuel Mosquera, de la CIG, advirtió de que la plantilla rechaza "que se vendan los muelles sin estar operativo el puerto exterior". "Aquí vemos que todos los políticos negocian la venta [de los muelles] de forma aleatoria y sin garantizar la operatividad y el empleo", indicó el sindicalista.
El convenio firmado por el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento para reordenar los muelles establece que la urbanización de esos terrenos no podrá acometerse hasta inaugurar las instalaciones de Langosteira. El Gobierno local pretende iniciar la ejecución del proyecto antes del fin de obra en Langosteira y el Puerto acepta esta propuesta si no se perjudica la actividad en los muelles. La decisión final se adoptará el 2 de marzo en la reunión de la comisión de seguimiento del convenio, de la que forman parte Ayuntamiento, Xunta y Gobierno.