La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y el resto de investigados por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en relación a la Fundación han acudido este jueves hasta los juzgados de Padrón (A Coruña) para recoger la notificación de esta pieza del procedimiento se llevará a cabo con jurado popular, un acto en el que las defensas han aprovechado para volver a reclamar el sobreseimiento de la causa y se han opuesto a las imputaciones.

Los primeros en llegar a los juzgados padroneses, sobre las 11,30 horas, han sido el exconselleiro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga, junto con su abogado, Evaristo Nogueira, seguidos del exgerente de la Fundación Tomás Cavanna.

Sobre las 12,30 horas ha llegado hasta los juzgados la viuda del Premio Nóbel, Marina Castaño, seguida de cerca por su abogado, con semblante serio y sin querer hacer declaraciones. Los investigados han permanecido poco más de media hora dentro del edificio judicial, han salido también sin atender a los medios de comunicación y, en el caso de Castaño, ha apartado airadamente los micrófonos que intentaban sacarle unas palabras.

Al término del acto judicial, Evaristo Nogueira ha indicado que las defensas han vuelto a mostrar su oposición a esta imputación y ha reiterado que el procedimiento "no tiene recorrido". En concreto, ha apuntado que el hecho de que la Xunta "no se haya personado" como perjudicada por malversación de caudales públicos debería desembocar en un "sobreseimiento posterior".

"Que no ejercite la acusación quien teóricamente sería el perjudicado por la malversación avala la tesis de la defensa de que se ha pagado siempre con el beneplácito y el visto bueno de la Administración autonómica", ha dicho Nogueira.

El letrado ha aclarado que "todavía se puede pedir el sobreseimiento" de la causa y ha confiado que finalmente no llegue a juicio, al tiempo que ha rechazado estimar cuando podría producirse este.

La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y los otros tres investigados en una causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular.

El Código Penal establece una penalidad (si resultan culpables) de entre tres y seis años de prisión, además de entre seis y diez años de inhabilitación.

Auto cierre de instrucción

En el auto de cierre de instrucción, la titular del Juzgado número 2 de Padrón, Paula Ventosa, explicó que, del estudio de la documentación y de la declaración de los investigados y testigos, "resultan indicios suficientes de la participación de los investigados": Marina Castaño, Tomás Cavanna (exgerente de la fundación), y Dositeo Rodríguez (exconselleiro, excandidato del PP a la Alcaldía de Santiago y hasta hace poco miembro del Consello de Contas) y Covadonga Rodríguez (hija de Dositeo Rodríguez y subdirectora de la fundación).

La jueza investigó si hubo "malversación" de fondos en el despido de Tomás Cavanna, del que sospechó que fue "simulado" y por el que cobró una indemnización de 150.000 euros cuando "en realidad la fundación no quería prescindir de los servicios, sino que era éste el que quería dejar de trabajar", como sostiene por un intercambio de correos electrónicos que se emplearon como prueba.

La instructora recordó que, según la documentación disponible, Tomás Cavanna "reconoce ya en vida de Camilo José Cela que quería abandonar la fundación, pero siguió prestando sus servicios por petición expresa" del Nobel. "Llama la atención que el señor Cavanna presente su dimisión en la reunión del patronato de la fundación celebrada el 30 de noviembre de 2009, cuando según el acta de dicha reunión se informa por el señor Cavanna que la fundación se encuentra en números rojos desde el 22 de noviembre", apuntó en un auto anterior la jueza, en el que desestimó el sobreseimiento de la causa ante un recurso presentado por los investigados.

En él, también añadió que "no se entiende el motivo por el que, si antes del fallecimiento de don Camilo José Cela (2002) tenía la intención de abandonar la fundación, el señor Cavanna esperó hasta 2009, momento en el que la fundación atravesaba una precaria situación económica para dejar de prestar sus servicios".

Rescate de la Fundación

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.