La orden del juez Rafael García Pérez a los administradores concursales para que redacten un nuevo informe en el que reclasifiquen los créditos privilegiados de la deuda del Deportivo con Hacienda proyecta un nuevo escenario en la negociación del convenio de acreedores. La reducción de la parte privilegiada de deuda ordenada por el magistrado puede reducir en más de 15 millones el débito del club con la Agencia Tributaria por la quita, si se aplica el 33% que ofrecieron los acreedores en su última oferta.

Además -lo que quizás sea aún más importante- el aumento del crédito subordinado podría superar los 40 millones, lo que permitiría que esa cantidad de la deuda, que en el informe actual de los administradores es apenas de 5,5 millones, tenga una menor exigibilidad en el tiempo de pago. El crédito subordinado es el último que se paga en un proceso concursal, tras el privilegiado y el ordinario. En la práctica, el subordinado suele pagarse años después de la firma del convenio de acreedores.

La sentencia del juez ha dado un giro de 180 grados a la situación del Deportivo en la negociación del convenio. Su mayor acreedor, Hacienda, ha pasado de tener una deuda privilegiada de 83 millones -sumando el privilegio especial y el general-, sobre la que pesaba una exigibilidad inmediata de pago sin posibilidad de quita y un crédito subordinado de solo 5,5, a otra, que deberá volver a fijar el administrador tras el auto, pero que por las indicaciones del juez podría ver reducida notablemente la parte privilegiada y muy aumentada la subordinada. Hablando en plata, Hacienda pasará de tener la sartén por el mango en la negociación del convenio.

La deuda con privilegio especial no solo es la que no admite quita alguna por mucho que el acreedor lo aceptase, sino que su pago exige un plazo de tiempo prioritario sobre el resto del débito. Dado que Hacienda es el principal acreedor del club coruñés, con una deuda reconocida de 93 millones, y que 83 millones figuraban como privilegio en el informe del administrador que el juez obliga ahora a modificar a la baja -67, como privilegio especial y 16 como privilegio general-, la nueva situación aliviará sustancialmente las cantidades y plazos de pago que deberá afrontar en los próximos años el Deportivo.

El juez falló el pasado 9 de septiembre la pérdida de la condición de privilegio especial de una serie de partidas así calificadas por el administrador. Estos apartados, que pasarán ahora a un privilegio menor -general-, que admite quita si el acreedor la acepta, o a una condición de crédito subordinado, que no solo está sujeto a quita, sino que es el último tramo de la deuda en pagarse, abarcan los derechos televisivos, cualquier tipo de devolución de ingresos acordada por Hacienda durante la vigencia de los expedientes de aplazamiento, participación en las quinielas, explotación de locales en el estadio, 50% de los traspasos y la participación en las quinielas.

El juez detalla que esos apartados que deben perder la condición de privilegio especial figuran en la relación de créditos adeudados con fundamento en las escrituras 1301, 1954, 1955, 1956 y 1957. Si se suman las cantidades que figuran con ese epígrafe en el informe del administrador, se obtiene una cantidad de unos 53 millones. Existe la duda de qué parte de esa cantidad puede ser calificada finalmente como privilegio general, que puede admitir una quita negociada, aunque los expertos consideran que la mayor parte pasará al subordinado.

Además de esto, hay 25 millones embargados por Hacienda al Deportivo correspondientes a dos plazos de pago de los derechos televisivos, que están pendientes de proceso administrativo ya que el club coruñés exige su devolución y los bancos reclaman derecho de prenda. La parte de ese dinero que el Deportivo pudiera no recuperar, debería ser descontada de la deuda.

Sea como fuere, este cambio en la clasificación de la deuda de Hacienda resulta muy favorable para el Deportivo y rebaja la presión a la que se veía sometido a la hora de negociar el convenio. También cabe reflexionar sobre la asfixiante hipoteca que habría heredado el club en los próximos años, sea cual sea la candidatura que resulte elegida en las próximas elecciones, si el actual consejo hubiese firmado en julio el convenio que le ofrecían los acreedores, en el que figurarían como una losa 83 millones de inmediato pago sin quita a Hacienda.

Este cambio de panorama en la posición del club ante la negociación del convenio, que alivia su debilidad ante los acreedores, al mejorar sus posibilidades de lograr condiciones y plazos de pago de la deuda menos acuciantes, pesa también en el objetivo del club de lograr aumentar el tope salarial para la contratación de dos jugadores que urge Fernando Vázquez para conseguir una plantilla que pueda pelear por el ascenso.