El calvario que está atravesando el Deportivo por las repercusiones del asesinato del aficionado de los Riazor Blues Francisco Javier Romero Jimmy a manos de ultras del Frente Atlético el pasado 1 de diciembre en los aledaños del estadio Vicente Calderón llevó a la directiva del club a plantearse la dimisión. La medida, que fue descartada con contundencia al considerar que "no se podía dejar la sociedad en un momento tan delicado", llegó a ponerse sobre la mesa en una tensa reunión celebrada este pasado martes, tras el partido de Liga contra el Málaga que, más allá de la derrota, evidenció una preocupante fractura social en las gradas de Riazor.
El Consejo de Administración llegó a esta cita completamente "desbordado por la situación". Cuestionado por un sector de la afición por la polémica medida de cerrar la grada de Maratón Inferior; criminalizado por el Ministerio del Interior, que le responsabiliza de los fallos policiales en Madrid Río por falta de "información pertinente" pese a que la Delegación del Gobierno en Galicia exculpa al club; presionado por Interior, el Consejo Superior de Deportes y el lobby mediático madrileño para "adoptar medidas drásticas en Riazor que el resto no adoptaron", y enfrentado con la Federación de Peñas por la versión de la venta de entradas a los Riazor Blues.
La palabra dimisión no tardó en saltar sobre la mesa ante un panorama tan agobiante. Pero el Consejo decidió finalmente no tirar la toalla. La decisiva reunión se convirtió también en un ejercicio de reflexión y autocrítica sobre los pasos que condujeron a esa situación límite y cómo reconducirla.
La directiva del club admitió que cerrar la grada de Maratón Inferior fue una "medida precipitada e injusta", porque "castiga de forma indiscriminada a una afición que mantuvo un compromiso ejemplar con el Deportivo", según fuentes próximas al Consejo.
En esta bulliciosa grada, la de mayor número de abonados del estadio con Pabellón, se ubican cerca de cuatro mil aficionados; resulta evidente que la enorme mayoría no son orgánicamente miembros de los Riazor Blues ni mucho menos peligrosos elementos violentos.
El cuestionado cierre de la grada más animada del estadio era la única medida decidida en el comunicado que el club leyó a los medios en una comparecencia el pasado martes 2 de diciembre, en el que no admitió ninguna pregunta. Sorpresivamente, el presidente del club, Tino Fernández, sí habló esa misma noche en programas de radio madrileños, una actitud que no sentó bien en A Coruña. "Hubo errores de comunicación y en la forma de actuar", admiten las mismas fuentes.
La inexperiencia en estas lides pesó en esos momentos de enorme presión. Tras la lectura del comunicado, que el club creía que "serviría para serenar la situación", se produjo una cadena de llamadas desde Madrid en las que se exigían "medidas más drásticas".
Esta asfixiante presión fue lo que según estas fuentes empujó a Tino Fernández a aparecer esa noche en las radios. "Hoy, Tino no lo haría", reconocen, en función de la marejada que vino después. El Consejo de Administración del Deportivo se siente ahora dolido y en cierta manera utilizado. Especialmente con el secretario de Estado de Seguridad, por apuntar en las responsabilidades de la tragedia casi exclusivamente al Deportivo pese a que sus acusaciones fueron "rebatidas" por la propia Delegación del Gobierno en Galicia.
El Ministerio del Interior culpó al club coruñés de los fallos de seguridad en Madrid por dar datos "imprecisos" del viaje de los Riazor Blues, pasando por alto que el encargado de seguridad del Deportivo avisó a la policía de ese viaje.
Anoche, la redacción digital de El País hizo público el texto del e-mail que el l coordinador de espectáculos deportivos de la Policía Nacional en A Coruña, Manuel Álvarez Cascos, remitió al coordinador de seguridad del Atlético, José Luis Díaz Vega, un inspector jefe de policía adscrito a la Delegación del Gobierno, y a la Oficina Nacional del Deporte -el filtro previo a la Comisión Antiviolencia-, que confirma la versión del club coruñés. El mensaje avisa con toda claridad de que "viajarán a Madrid el día del partido unos 50 integrantes de los Riazor Blues".
La directiva blanquiazul se siente "defraudada" por el "increíble" informe de Interior, ya que pese a que les forzó a tomar "medidas drásticas" que están suponiendo una fractura social en la afición deportivista, sus conclusiones se centran en "culpar" al Deportivo y los Riazor Blues, sin apenas "mencionar" al Frente Atlético y sin decir "nada de los asesinos", que siguen en libertad. Las medidas adoptadas por el resto se limitan a "sanciones hipotéticas a siete ultras", a los que en realidad "solo tomaron nota", señalan las mismas fuentes.
El empeño de las autoridades en poner el foco de la tragedia en el Deportivo está provocando además imprevistas dificultades económicas al club coruñés a la hora de conseguir aumentar el nivel de ingresos ordinarios que le permita elevar el tope salarial impuesto por la Liga para reforzarse en el próximo mercado de invierno.
"Algunas negociaciones que teníamos en marcha con patrocinadores se han venido abajo", se lamentan estas fuentes.
