La Comisión Antiviolencia ha propuesto imponer un total de 70.000 euros de multa al Deportivo por la gestión de la venta de entradas en el partido que jugó su equipo en el estadio Vicente Calderón y en cuyos prolegómenos murió el aficionado deportivista Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy. Además, el organismo propone que el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Otero, abone una multa de 22.000 euros y no pueda entrar en ningún recinto deportivo durante 18 meses por su implicación en la distribución de las entradas entre los aficionados deportivistas que viajaron a Madrid para el partido contra el Atlético y estuvieron involucrados en las pelea que desembocó en la muerte de Romero Taboada.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según informó ayer por medio de un comunicado, propone sancionar al club coruñés con 45.000 euros "por facilitar apoyo a grupos de seguidores que hayan incurrido en conductas definidas como violentas". Esta sanción, de acuerdo al organismo, derivaría de la distribución que se hizo de las entradas que permitieron a un grupo de radicales desplazarse hasta Madrid sin el conocimiento de las fuerzas de seguridad, a pesar de que tanto el club como la policía en A Coruña trasladaron la posibilidad de que integrantes de los Riazor Blues viajaran a Madrid para el partido.

El modo en el que las entradas acabaron en manos de los radicales provocó un cruce de acusaciones entre el Deportivo y el Atlético, primero, y entre el propio club y la Federación de Peñas después. La primera consecuencia de ello fue la dimisión al frente de los peñistas de Miguel Otero, para el que la comisión solicita ahora también un castigo por sus actuaciones.

El resto de la multa (25.000 euros) propuesta al Deportivo se plantea por la gestión "deficiente" del libro de registro de seguidores, "con la circunstancia agravante de reincidencia por la sanción impuesta en la misma materia en la pasada temporada".

Estas decisiones de la reunión de la Comisión Antiviolencia celebrada ayer en la sede del Consejo Superior de Deportes llegan después de que se analizaran los informes recabados sobre la venta de entradas del Atlético-Deportivo que se disputó el pasado 30 de noviembre, después de que la pelea en las orillas del Manzanares desembocara en la muerte de Romero Taboada.

Las consecuencias de aquellos acontecimientos afectarán también al presidente de la Federación de Peñas. La comisión acordó proponer que a Miguel Otero -que presentó su dimisión pero seguirá con su actual directiva al frente de las peñas hasta junio- se le imponga una multa de 22.000 euros, además de la prohibición de entrar a recintos deportivos durante 18 meses "por facilitar entradas y medios de desplazamiento a grupos violentos", según Antiviolencia.

Estas decisiones vienen a poner el colofón a la vía abierta en la investigación sobre lo ocurrido en la ribera del Manzanares aquella mañana de noviembre para averiguar cómo consiguieron los radicales las entradas. Las pesquisas y reproches mutuos ya abrieron un cisma entre el club y la propia federación que desembocó en un clima de enfrentamiento entre la afición deportivista. Ese ambiente se dejó notar especialmente en el estadio después de que el Consejo de Administración decretara el cierre de la grada de Maratón Inferior durante dos partidos.

Aquella medida despertó una ola de indignación que se materializó en un comunicado conjunto de medio centenar de peñas exigiendo disculpas a la directiva por sus decisiones. El presidente y sus consejeros terminaron reculando, pero la relación ya estaba erosionada y se trasladó al estadio.

Las propuestas de sanción de la Comisión Antiviolencia han vuelto a despertar un fuerte rechazo entre el deportivismo, que ayer censuraba el hecho de que sean el club y el presidente de las peñas los castigados mientras que no se han exigido las mismas responsabilidades al Atlético de Madrid por lo ocurrido tras la pelea en la que falleció el hincha deportivista Francisco Javier Romero Taboada antes del partido.