Un paso más en la defensa ante el agravio por un descenso manchado. El Dépor entregó este pasado miércoles un escrito ante el juez explorando así la vía penal para que la entidad blanquiazul sea indemnizada ante los perjuicios ocasionados por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011, que acarreó el descenso coruñés a Segunda División, el primero después de 20 años en la élite del fútbol español. La notificación llevada a los juzgados avisa de que en cuanto se lleve acabo el juicio, presentará un informe pericial para solicitar una reparación económica. La cantidad está aún por determinar, ya que, además de las pérdidas ocasionadas por la caída de ingresos por derechos de televisión en la temporada 2011-12 (pasó de 18 a entre 3 y 4 millones), hay que tener en cuenta otros factores que pueden hacer subir y bajar el montante a solicitar. Esa diferencia de 15 millones entre Primera y Segunda División será muy tenida en cuenta, pero hay que matizarla con ese informe.
El club ha dado este paso por la vía penal para intentar agilizar el proceso y que el Deportivo sea reparado cuanto antes. Opta por este camino y no por el civil, desecha la dura y ejemplarizante petición de LaLiga para los imputados (cuatro años de prisión) y se adhiere a la postura de la Fiscalía que solicita seis años de inhabilitación y dos de prisión (en la mayoría de los casos no implica ingresar en la cárcel si se carece de antecedentes), además de 1,93 millones de euros de multa para cada uno de los implicados (la suma total da como resultado 80,3), tal y como reflejó en su día el escrito de acusación. Entre los 42 señalados de ambos equipos se encuentra el ahora entrenador del filial deportivista, Gustavo Munúa, que tiene contrato hasta el 30 de junio y al que la entidad coruñesa mantiene en el cargo en base al principio de presunción de inocencia ofreciéndole así la posibilidad de defenderse de las acusaciones sin perder su puesto de trabajo.
No está previsto que la apertura de juicio oral sea inmediata e incluso podría dilatarse hasta después del verano, hasta el mes de septiembre, pero el Deportivo pretende ser parte activa del proceso en el que se ha convertido en el primer caso de un partido de fútbol en España que llega a la vía penal. La idea de la entidad no es que los implicados entren la cárcel, pero sí defender hasta el último extremo las perniciosas consecuencias económicas que supusieron para el Dépor la caída a Segunda División. "Ellos han decidido ir por otro camino (en referencia a LaLiga), nosotros buscamos que la defensa del club sea desde el punto de vista económico, deportivo o el que sea", apuntó el martes Enrique Calvete, consejero responsable del área económica. "Lo más importante es siempre el Deportivo, que está por encima de cualquier persona", añadió.
La Fiscalía ya dejó claro que ve indicios más que claros para formular una petición tan contundente, ahora secundada por el Deportivo. De hecho, el escrito de los letrados valencianos puso de manifiesto los escasos movimientos bancarios de los jugadores granotas, entre los que se encontraba el entonces guardameta Gustavo Munúa, en el verano posterior al duelo celebrado en 2011, y se habla de la entrega de la supuesta prima "en un lugar indeterminado". El ingreso que, presuntamente, recibió la plantilla del Real Zaragoza para "comprar" el citado encuentro está recogido con el concepto "Paga extra 7".
