El comité de Caramelo se arriesga a una sanción si veta el referéndum del lunes

Los empleados entregan a la CIG y CCOO las firmas necesarias para la convocatoria de una nueva votación, tras superar el tercio de apoyos de la plantilla como estipula la ley

 
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Miembros del comité de empresa de Caramelo. / víctor echave
Miembros del comité de empresa de Caramelo. / víctor echave 

MANOLO RODRÍGUEZ | A CORUÑA Próximo lunes. De 14.30 a 18.30. En la fábrica de A Grela. Ese es el día, la hora y el lugar escogidos por los trabajadores de Caramelo para celebrar el referéndum en el que se volverá a votar la última propuesta realizada por los mediadores del conflicto que afecta a las indemnizaciones que recibirían 237 trabajadores despedidos.

Este colectivo, que dice no sentirse respaldado por la CIG, sindicato mayoritario en el comité de empresa, envió ayer por la tarde a este órgano las firmas necesarias que estipula el Estatuto de Trabajadores para la celebración de una asamblea. La ley contempla que los trabajadores pueden solicitar la convocatoria de una asamblea si así lo solicita el 33% de los empleados. Este colectivo asegura que tiene el apoyo de más del 40%: hasta ayer había recogido 170 firmas. Ahora, el comité tiene 48 horas para aceptar o denegar la iniciativa. Estos empleados dicen que representan a trabajadores no afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) y a los afectados y no afectados que votaron a favor de la propuesta de los mediadores que ofertaron en la reunión que mantuvieron con el comité y la dirección de la firma la semana pasada.

La CIG, con 12 de los 17 representantes -los otros cinco son de CCOO-, volvió a insistir ayer en que rechazará el plebiscito. "No vamos a aceptar la asamblea. No vamos a repetir una votación de algo que ya se ha votado antes. No estamos obligados a hacerlo", reiteró la portavoz del área de textil del sindicato nacionalista, Dores Martínez.

Sanción

Sin embargo, el órgano que representa a los trabajadores se arriesga a ser sancionado. "Si el comité no acepta la petición del 33% de los empleados está infringiendo una ley (el Estatuto de los Trabajadores). Es como si alguien se salta un semáforo en rojo, puede hacerlo, pero está haciendo algo ilegal", reconocen fuentes laborales, que apuntan que en caso de vetar la votación "los empleados podrían llevar al comité ante Magistratura y ser sancionado".

Este nuevo frente será el punto más importante que abordarán los 17 delegados sindicales en la reunión que tienen previsto mantener hoy a las diez de la mañana. Una hora y media después ofrecerán su postura en una rueda de prensa.

El comité de empresa también podría optar por aceptar la votación y después rechazar la decisión que salga de las urnas, ya que es un órgano soberano. Sin embargo, en este caso iría en contra de la decisión que han tomado los trabajadores en una votación. Para que salga adelante la propuesta de los mediadores deberá recibir la mitad más uno de los votos.

El colectivo que solicita el referéndum envió ayer por burofax tanto a la CIG como a CCOO las 170 firmas y el escrito en el que solicita la convocatoria de una nueva votación para el próximo lunes. En él también explica que se someterán a referéndum los mismos siete puntos que fueron rechazados el pasado jueves. En aquella ocasión la oferta fue desestimada con 91 votos a favor, 114 en contra y 9 abstenciones.

Hoy tiene previsto entregar las firmas, aunque no es necesario, en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).

En la última reunión, los mediadores de la Xunta plantearon a la dirección de la empresa y a los representantes sindicales una oferta económica de 39 días por año trabajado con un tope de 34 mensualidades y un máximo de 60.000 euros por empleado, frente a los 39 días con un tope de 32 mensualidades que ofertó la firma en la última reunión. La propuesta fue rechazada por la CIG y respaldada por CCOO.

Los trabajadores que solicitan la nueva votación reconocieron, a través de un comunicado, que intentaron ponerse en contacto ayer con el sindicato nacionalista, que "no ha atendido" a sus llamadas. En cambio, CCOO les transmitió su "apoyo" a ejercer el derecho a la convocatoria de este referéndum, amparado por el Estatuto de los Trabajadores.

En todo caso, esta plataforma "luchará para que no se queden sin trabajo 800 familias y para que continúe el proyecto Caramelo". En el caso de realizarse el referéndum, se hará de forma secreta y no a mano alzada como sucedió en la última votación. "Nuestro objetivo es conseguir una nueva votación en un clima sin amenazas, libre y con garantías, ya que nos hemos sentido coaccionados para expresarnos y votar libremente", asegura este colectivo. Estas acusaciones fueron negadas por la portavoz de CIG-Textil, Dores Martínez.

Uno de los portavoces de la plataforma negó la posibilidad de que pretendan revocar al comité de empresa. "No queremos meternos en ese fregado. Eso alargaría los plazos y la empresa no está para estas historias", aseguró.

Según el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores, "solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de sus electores y por mayoría absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto".

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