400 operarios serán multados por participar en la huelga del metal

F. ALONSO | VIGO Unos 400 trabajadores del sector del metal de la provincia de Pontevedra tendrán que hacer frente a una sanción administrativa de 250.000 euros por participar en los piquetes durante la huelga del sector de los últimos meses, según los sindicatos. Ciento cincuenta de estas sanciones administrativas ya han sido tramitadas, de las que 110 corresponden a afiliados de la CIG. La cuantía económica de las multas son de 300, 600, 800 y 1.000 euros, y hay trabajadores que han recibido más de una sanción.

Los trabajadores del metal de la provincia de Pontevedra permanecieron en huelga durante 26 días en apoyo a la negociación del convenio colectivo, que sigue sin aprobarse al haberse iniciado la época de vacaciones. La mesa negociadora del convenio tiene previsto reanudar las discusiones en los primeros días de septiembre, y los sindicatos no descartan la posibilidad de tener que volver a convocar huelga en el caso de que no sean atendidas sus reivindicaciones.

Ante la tramitación de estas sanciones administrativas, cursadas por la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Pontevedra, los sindicatos acordaron dirigirse en los primeros días del próximo mes de septiembre al Delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, para que retire las sanciones y en el caso de que no sea así iniciarán una campaña contra la actuación del Gobierno en la huelga y al mismo tiempo realizarán una recogida de fondos en todos los sectores "porque no vamos a consentir que sean los trabajadores afectados los que paguen las sanciones", comenta a LA OPINIÓN el responsable de negociación colectiva de la CIG, Antolín Alcántara.

El portavoz nacionalista considera que "el Gobierno actuó descaradamente contra el ejercicio de la huelga, porque fue a sancionar de manera masiva. Reprobamos que haya una actuación política muy decidida contra lo que es el ejercicio de la huelga".

"Además, en actuaciones administrativas de este tipo tiene que haber una denuncia previa, lo que no se produjo en estos casos. No hubo ni una sola denuncia, por lo que no corresponde que se actúe administrativamente con estas sanciones. Se hizo con el único objetivo de castigar económicamente a los trabajadores", agregó.

El dirigente sindical, que tuvo un gran protagonismo durante el periodo que duró la huelga del sector naval, asegura que las multas "son indiscriminadas y sin motivos". "Se realizaron contra trabajadores que estaban en concentraciones delante de sus propias empresas y sin que se produjese ningún incidente", destacó.

Para el responsable de negociación colectiva de la CIG "se trata de una actuación gravísima, porque está ejercida por el propio Gobierno contra el derecho de la huelga. Por ello esperamos que se rectifique y que se retiren las sanciones".

La patronal y los sindicatos tendrán que retomar en septiembre la negociación del convenio colectivo después de que no se alcanzase un acuerdo en los 26 días que duró la huelga. El parón en la actividad supuso importantes pérdidas económicas, según las empresas.