Ángel Bernardo Tahoces: ´Las indemnizaciones si el concurso siguiera adelante sí serían incalculables´

El café con leche se enfría. Quizás porque no quiere dejar ningún cabo suelto, quizás porque hay que medir mucho las palabras para levantar las expectativas justas. Ángel Bernardo Tahoces explica sin descanso qué hay detrás de la decisión de Industria de anular el concurso eólico, la mayor adjudicación pública en la historia de Galicia. De vez en cuando, el responsable del departamento, el conselleiro Javier Guerra, añade sus propias puntualizaciones. Unos días intensos. "Pero previstos", aseguran

JULIO PÉREZ | A CORUÑA A los dos se les nota con ganas de puntualizar. El vendaval de datos, plazos y declaraciones en los últimos días muestra, una vez más, la relevancia del concurso eólico. En la economía gallega, pero también en la política. El director xeral de Industria lo presenta como una de las razones de la victoria popular en las urnas. "La revisión era una prioridad y nunca estuvo en discusión", asegura Ángel Bernardo Tahoces. Una idea que repite su jefe, el conselleiro Javier Guerra, el invitado sorpresa en una larga charla para desgranar qué ha pasado y qué pasará con los 2.300 megavatios (MW) de la polémica y con el suculento negocio del viento. "Le ruego que ante cualquier duda haga las preguntas pertinentes -invita Tahoc-. Se lo pido por favor". Pues no son pocas.

Pese a la comparencia de ambos el pasado miércoles para confirmar la decisión de paralizar el discutido proceso, de las explicaciones de Núñez Feijóo un día después tras el Consello da Xunta que analizó la derogación, la situación real del concurso y del decreto en el que se apoya se ha topado con "una serie de especulaciones" que Industria "no entiende". "El viernes se dictó la resolución formal de la suspensión del concurso, que saldrá en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días y se notificará a cada uno de los interesados", explica Tahoces.

Lo que sigue en vigor es la norma que marcó los plazos y los criterios para el reparto, y así seguirá hasta que en diciembre, si se cumplen los plazos del Gobierno gallego, se apruebe la nueva ley para las autorizaciones de parques y el establecimiento del canon. "Pero todas las consecuencias que se han derivado del decreto -insiste- están suspendidas". Como los proyectos de los ganadores, oficialmente paralizados. "Mejor suspendidos que paralizados", matiza Javier Guerra.

Rotundos, los dos niegan que detrás de la resolución estén las presiones del sector, especialmente de las compañías, grandes eléctricas algunas, que se fueron de vacío -el caso de Iberdrola- o con una cuota anecdótica -Fenosa logró sólo 15,1 megavatios (MW)-, que no escondieron tras el 1-M su intención de hablar con el nuevo Ejecutivo. "Con toda honestidad, en mi caso concreto, no he recibido ninguna", defiende Tahoces. Ni empresariales, "ni políticas". "Ése ha sido nuestro hilo conductor, nuestra carta de navegación, sin importarnos lo que opinen de nosotros". Sí hubo contactos, admiten, "de carácter informativo y con todos" tras el cambio de timón en San Caetano. "Pero, con presiones tipo 'tienes que hacer esto porque si no se puede producir esto otro', ninguna".

Pero, si todo estaba tan claro, ¿por qué se tardó tanto en tomar la decisión? Tahoces, ya responsable de la Dirección Xeral de Enerxía en la etapa de Manuel Fraga y portavoz parlamentario en el área durante la oposición, fue "el primero", como él mismo reconoce, en poner el grito en el cielo por el decreto primero y por el concurso después. Los populares prometieron en campaña anularlo, pero tras la victoria llegaron los matices. "El Gobierno anterior dijo que había corregido las tachas de legalidad que detectaron los informes jurídicos", apunta.

Esos informes jurídicos son los del Consello Consultivo y la asesoría jurídica general de la Xunta. El primero se oponía, entre otras cosas, a la participación pública en los parques; el segundo, "cuasinegativo" con todo el proceso. "Consideramos prudente -señala Tahoces- revisar si se habían hecho las modificaciones". El 30 de julio, el máximo órgano jurídico del Gobierno gallego entregó un informe en el que, según Industria, no sólo no se habían hecho los cambios, sino que había más cuestiones problemáticas. "Es un informe lapidario", apunta. "El Gobierno anterior era consciente de lo que estaba haciendo cuando promulgó el decreto".

En el mismo momento en el que la Xunta echa para atrás el concurso está reconociendo una actuación irregular de la administración. ¿Hasta donde llega esa responsabilidad? Tahoces recuerda que los parques no estaban autorizados, que las empresas no tienen derechos sobre ellos. "El perjuicio es muy, muy relativo", dice.

Porque como ya señalaban en Industria desde el primer momento, los que quieran presentarse de nuevo podrán usar esos proyectos. "Todo derecho es discutible. Para esas posibles compensaciones hay que solicitarlas, acreditar esos perjuicios y la administración estudiarlo". Se hará caso por caso. No da cifras, ni valora las que circulan en el sector. ¿200 millones? "No puedo pronunciarme al respecto", evita Tahoces.

"¿De dónde sale ese cálculo?". Con la pregunta, retórica, Guerra entra de nuevo en la conversación. "Nuestros cálculos no tienen nada que ver con eso. Si siguiéramos adelante con el proceso, dentro de cinco, seis, siete años, con las tachas de legalidad que conocemos con el informe de la asesoría jurídica general, ¿qué impacto tendría echar todo para atrás?". "Si siguiéramos adelante -coincide Tahoces- sí sería incalculable".

Dos años de continuos desencuentros, plantones políticos y, finalmente, un giro de 180 grados en el proceso. Cambian los gestores y probablemente el reparto. ¿Dónde se ha quedado la imagen de limpieza en el concurso que antes defendía el bipartito y ahora defiende el Ejecutivo de Núñez Feijóo? "La imagen ya estaba dañada desde el principio, con la evidencia de que se estaba trabajando ilegalmente", critica Tahoces. Los populares dicen que huyen de "carreras alocadas" y recuerdan que esta vez, la normativa para el sector pasará por O Hórreo y no sólo por la Xunta. "Además de las aportaciones constructivas, que las habrá, y las destructivas, de los partidos, están los letrados del Parlamento", apunta el director xeral de Industria. Lo que cada ciudadano pueda pensar, sobre si hay intereses o no detrás, "entra en la libertad de pensamiento".

Con la lista de criterios ya conocidos -proyecto industrial con plazos, el apoyo de los consejos de administración y controlados a través del aval del 2% que se exige a todo parque; el menor impacto medioambiental posible; proyectos de regeneración en el suelo afectado; eficiencia de los aerogeneradores; y la contribución a la mejora de la red eléctrica- lo que queda saber es la puntuación que cada uno representará. Se establecerá en las órdenes que desarrollen el reparto en cada punto geográfico. "Los planes industriales y el impacto serán fundamentales", avanza Tahoces.

No habrá nuevas ubicaciones para las instalaciones. En juego están las que recoge el actual plan sectorial eólico, heredado de la gestión de Manuel Fraga. Del mapa quedan excluidas tanto las actuales zonas de Red Natura como las susceptibles de entrar en una ampliación. "La revisión del plan nos llevaría una tramitación larga", indica.

Los 2.300 MW se repartirán territorialmente, "en consenso" con Red Eléctrica para establecer las áreas mejor preparadas para conectar nuevos molinos. "Tenemos muchos mapas con estudios de viento, que aquí no se había hecho ninguno", critica. Son las dos variables a tener en cuenta en las ubicaciones. "¡Para que nadie se lleve a engaño! No tiene sentido autorizar un parque en 2011 y que no pueda funcionar hasta 2016 porque falte una subestación", apunta. La estrategia permitirá a Industria dinamizar al sector "aunque alguna de las convocatorias se impugne".

Como el anterior Ejecutivo, los populares están dispuestos a "acelerar" en todo lo posible las obras de refuerzo del sistema eléctrico gallego para saltar cualquier obstáculo en la evacuación de los parques. "Si en determinadas zonas tenemos que hacer una actuación puntual, de un aumento de la capacidad de una subestación, por ejemplo, lo haremos conjuntamente con Red Eléctrica para mejorar los plazos y optimizar las infraestructuras", afirma el director xeral de Industria.

"Si dijera que el canon no es negociable acabaría con el espíritu del proceso, en fase de alegaciones", sostiene Tahoces. Lo que no quiere decir que Industria no esté convencida de su implantación.

El caso del canon hidroeléctrico está muy cercano. "No lo recurrieron -subraya el director xeral-. ¿Por que van a recurrir éste?". La Xunta mantiene que la patronal eólica no les ha hecho llegar su incomodidad con el nuevo impuesto, pese a que la hay entre muchos promotores. Guerra lo contrapone el revés en la cuentas de las empresas con la "participación pública". Pero la cesión de capital a la Xunta no tenía carácter retroactivo. ¿Otra batalla jurídica? "Son libres de impugnar lo que quieran", aseguran.