EFE En un comunicado, ATA agregó que en España, a esta situación que afecta también a las microempresas, se suma el hecho de que sólo la mitad de los autónomos se ha beneficiado de la nueva línea ICO puesta en marcha para acabar con la morosidad de los ayuntamientos.

Según el presidente de esta organización, Lorenzo Amor, hay ayuntamientos que cumplen ya un año sin pagar a sus proveedores, que a pesar de tratarse de grandes empresas trasladan la morosidad a las microempresas contratadas.

El presidente de ATA pidió el cumplimiento de la Ley de Morosidad para que tanto el sector público como el privado paguen sus facturas en menos de 60 días.

Lorenzo Amor abogó por que la UE apruebe ya la reforma de la directiva sobre morosidad, que pretende fijar un plazo máximo de 30 días para pagar e impone un recargo del 5% sobre la cantidad adeudada desde el primer día de retraso en el pago, además de exigir el reembolso de los costes de cobro.