PAULA PÉREZ | SANTIAGO El plan de ayudas al alquiler diseñado por el anterior Gobierno bipartito no ha cumplido con las expectativas y, por esa razón, la Consellería de Medio Ambiente ha decidido reformarlo. Su intención es agilizar la adjudicación de los pisos, ya que había demandantes en ciudades como A Coruña o Vigo que podían tardar hasta dos años en acceder a un alquiler, mientras que los propietarios que incluyen sus inmuebles en este programa tienen que esperar a veces hasta ocho ocho meses para encontrar un inquilino. El resultado es que desde la implantación de este plan, hace casi tres años, tan sólo se han firmado 3.289 contratos, cuatro veces menos que las ayudas que ha concedido el Gobierno central en Galicia, en el marco de la llamada Renta de Emancipación, que superan las 13.200.

El objetivo de la Xunta es reformar su plan de ayudas, la llamada Bolsa de Aluguer, para hacerlo más atractivo y evitar duplicidades con el programa del Ministerio de Vivienda. La diferencia entre ambos es que las subvenciones de 210 euros que ofrece el Gobierno central son válidas para cualquier contrato de arrendamiento, siempre que el inquilino sea menor de 30 años. En el caso de la Xunta, las ayudas se limitan a aquellos pisos que están incluidos dentro del Programa de Aluguer y la oferta, por lo tanto, es mucho más reducida.

En la actualidad hay 4.573 gallegos apuntados como demandantes de vivienda. Pero sólo hay 364 pisos disponibles para alquilar. La razón no es tanto la falta de interés de los propietarios en incluir sus inmuebles en este programa como los largos trámites que tienen que pasar hasta que puedan alquilarlas. De hecho, ahora mismo hay 1.327 viviendas que están pendientes de documentación, de alguna inspección o de reformas para que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) les dé el visto bueno para ser arrendadas.

Uno de los principales atractivos para que los propietarios incluyan sus inmuebles en la Bolsa de Aluguer es precisamente que la Xunta sufraga parte de los gastos de reformas y rehabilitación. La anterior Consellería de Vivenda, que dirigía la nacionalista Teresa Táboas, ya había decidido el pasado año duplicar las ayudas a los arrendatarios en vistas de que el programa no terminaba de arrancar. Sin embargo, si los pisos que se incorporan al plan acometen obras se retrasa aún más su disponibilidad para los posibles inquilinos.

"Se tarda una barbaridad. El problema es que no es nada ágil", denuncia el director del IGVS, Antonio Boné. "No podemos estar ocho meses para decidir qué inquilino lo va a ocupar. Lo normal sería reducirlo a un mes", explica.

La otra pega del Programa de Aluguer es la falta de flexibilidad. "Es tan rígido, que si tú quieres vivir en una determinada zona de la ciudad y te adjudican el piso en la otra punta tienes que renunciar y volver a esperar otros seis meses a que te busquen vivienda", comenta Boné. Son muchas trabas para los que aspiran a una ayuda para pagar el alquiler, que son sobre todo jóvenes, y para los que es más fácil buscar un piso por su cuenta y luego solicitar al Ministerio de Vivienda la subvención de 210 euros.

Por esa razón, la Consellería de Medio Ambiente está analizando de qué manera se puede mejorar su programa para que sea más competitivo. A finales de año estará terminado el nuevo plan de ayudas.

Las personas que vivan de alquiler tienen dos opciones para ayudar a costear la renta de su piso: el Programa de Aluguer de la Xunta y la Renta Básica de Emancipación. Pese a que el plan del Ministerio de Vivienda sólo lleva en funcionamiento año y medio, su acogida ha sido mucho mayor que las ayudas que reparte el Gobierno gallego.

La razón es que conseguir la subvención de 210 euros que concede el Ejecutivo central es más fácil. Los únicos requisitos son contar entre 22 y 30 años y no ganar más de 22.000 euros brutos al año. Sólo se requiere presentar el contrato de alquiler y el justificante de ingresos para recibir la subvención.

El Programa de Aluguer de la Xunta es más estricto, aunque también más garantista. El Gobierno gallego ofrece una bolsa de pisos que los propietarios voluntariamente dejan en manos de la Administración gallega para que los alquile. Los arrendatarios tendrán garantizada la renta mensual, contarán con un seguro multirriesgo del hogar y obtendrán una subvención para los arreglos.

En el caso de los inquilinos, a diferencia del plan estatal, la Xunta no fija límites de edad pero los ingresos no deben superar los 20.121 euros al año, un tope más estricto que el del Gobierno central. La Xunta subvencionará la renta del piso para que no suponga nunca más del 20% de los ingresos anuales del inquilino. De media se están pagando unos 179 euros, menos que los 210 que garantiza el Estado.