M. RODRÍGUEZ / AGENCIAS | A CORUÑA Sólo tres trabajadores han faltado por adherirse voluntariamente al expediente de regulación de empleo (ERE) de Caramelo para llegar al tope de 237 que había planteado la compañía el pasado 17 de abril. El grupo textil dio ayer por concluido el plazo de cuatro días que había dado a los empleados para que optasen por abandonar la empresa y el cupo fue cubierto en un 98,7%.

Según informó la firma, un total de 234 trabajadores se apuntaron voluntariamente al proceso abierto por la empresa, tras la autorización del ERE por parte de la Consellería de Traballo el pasado lunes. De los 17 miembros del comité de empresa -doce de la CIG y cinco de CCOO- diez también se han adherido de forma voluntaria al expediente, según confirmaron fuentes de CCOO. De los diez, ocho son de la CIG, que fue el sindicato que con más vehemencia se negó a apoyar la última propuesta de la compañía, y dos de CCOO.

El próximo lunes, día 17, la empresa confeccionará la lista definitiva en la que tendrá que añadir tres nombres más a la nómina de 234 voluntarios. El martes se iniciará el proceso de despidos. "De las 234 personas que se acogieron al ERE, el 90% ya estaba en la lista original elaborada por la compañía", aseguró la empresa en un comunicado, en el que recordó que "el resto de despidos para llegar a los 237 del ERE serán completados por la dirección de Caramelo, según consta en las bases del acuerdo".

El expediente de regulación de empleo fue autorizado por la Xunta de Galicia el pasado lunes después de que los trabajadores lo aprobasen en un referéndum convocado por un grupo de empleados el pasado 3 de agosto. En esta votación 222 trabajadores, de los 235 que acudieron a ejercer su derecho al voto, respaldaron la última propuesta de la empresa. Antes, el 23 de julio, en la votación promovida por la CIG, 91 empleados, de los 214 que asistieron, respaldaron la oferta, mientras que 114 la rechazaron.

El ERE es una de las medidas incluidas en el plan de viabilidad que Caramelo diseñó para reflotar la compañía. En su última propuesta, la empresa ofertó a los trabajadores una indemnización de 39 días por año trabajado con un máximo de 32 mensualidades y un tope de 60.000 euros por trabajador, que es la indemnización que se van a llevar los 237 despedidos. CCOO respaldó esta propuesta, mientras que la CIG la rechazó. El sindicato nacionalista presentó ayer el recurso contra la autorización del ERE.