JULIO PÉREZ | VIGO Tras el mensaje de voluntad de diálogo y el primer encuentro que mantuvieron la semana pasada ambas partes para echar un vistazo a las novedades que se avecinaban en el sector, el Gobierno gallego no se esperaba la reacción airada de la patronal eólica y sus duras críticas al anteproyecto de la ley que regulará la actividad tras su aprobación, en principio, a finales de año y a la fórmula empleada para suspender el concurso del bipartito. Los promotores agrupados en EGA culpan a la administración autonómica de paralizarles y cargan contra la implantación del futuro canon ligado al impacto paisajístico por ser "discriminatorio". La contestación de la Xunta va cargada con la misma dosis de tensión. "Es muy poco serio y sensato lo que se está planteando", se queja Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Industria, que justifica las peculiaridades del nuevo impuesto porque el viento es también un recurso "especial" que legalmente no se considera un bien de dominio público para poder gravar directamente su uso.

A la Asociación Eólica de Galicia le cuesta entender que los populares optasen por suspender y no por anular directamente el decreto del que salieron las reglas para el reparto de los 2.300 megavatios (MW) si realmente hay evidencias de ilegalidad en el proceso. Dos razones alegan desde la Xunta. La primera, que la derogación en este momento, sin un nuevo marco legal, obligaría a tirar de los planes eólicos de 2001, "que ya están obsoletos". Y dos, que este tipo de suspensiones tienen el amparo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La resolución que paraliza el concurso y que ayer publicó el DOG recuerda el respaldo judicial a una situación similar en la Comunidad Valenciana en 2005, aunque allí estaban en juego allí licencias para abrir farmacias.

"En este momento, lo más solvente es lo que estamos haciendo, paralizar un procedimiento para establecer un nuevo marco regulatorio", dice Tahoces, y añade: "El mantenimiento del actual reparto sería una huida loca hacia adelante y sí crearía una inseguridad jurídica con importantes costes para la administración". Industria admite que el concurso es "un asunto espinoso". La postura de la Xunta es firme. "Lo tenemos muy claro", avisa Tahoces.

Para defenderse de las acusaciones de "paralizar" el sector, la Consellería hace balance de la potencia autorizada en los tres meses de nueva legislatura. Hasta 166 MW, "poco menos de la mitad" de los 460 MW impulsado por el bipartito en cuatro años. Los populares niegan que el canon tenga afán recaudatorio y lo justifican por el impacto de los aerogeneradores en el medio. La lista de beneficios del futuro impuesto, según Industria, se completa con la aportación a los concellos y los incentivos para acciones protectoras en el entorno y la adquisición de molinos más eficientes.