La concentración de las cajas de ahorros que propicia el Banco de España colisiona con los intereses de la mayoría de las comunidades autónomas. El subgobernador del banco emisor, Javier Aríztegui, acaba de enviar a políticos y entidades financieras un claro mensaje sobre el camino a seguir: el de la eficiencia frente a la territorialidad. La recomendación provocará, sin duda, la necesidad de nuevos informes sobre la conveniencia de ciertas fusiones que alterarían el futuro mapa financiero

L. PIÑERO | A CORUÑA En las últimas semanas se ha producido una cascada de declaraciones sobre el futuro de las cajas de ahorro que chocan en muchos casos frontalmente con las directrices marcadas desde el Banco de España. Su subgobernador, Javier Aríztegui, acaba de lanzar una nueva advertencia dirigida tanto a los políticos de las comunidades autónomas como a los propios consejos de administración de las entidades.

Aríztegui sostiene que la reordenación del sector bancario español "ha de responder a criterios de eficiencia económica, con independencia de la solución que adopten las distintas entidades o las administraciones de su área geográfica de procedencia".

El mensaje no es baladí. El Banco de España tendrá la última palabra en todos los procesos de fusión que se puedan producir. Es más, el banco emisor es el encargado de controlar el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (FORB), es decir, las ayudas que recibirán las entidades financieras que se decidan por una integración.

¿Eficiencia o territorialidad? Ese es el dilema que Aríztegui plantea ahora a los responsables de las comunidades autónomas y a los propios consejos de administración de las cajas. Él mismo se declaró partidario de la primera opción, para asegurar unas entidades más fuertes y eficaces. "El resultado final -dijo- debe satisfacer un doble objetivo: por un lado, provocar el menor coste posible para el contribuyente en el caso de que sean necesarios fondos públicos para acometer el proceso de reestructuración; por otro, dar lugar a un sistema financiero más sólido y capaz de favorecer, como hasta ahora, el crecimiento de la economía española".

Estas exigencias no han sentado bien ni en Galicia ni en Cataluña, donde sus gobiernos autonómicos estudian recurrir el FORB por considerar que invaden sus respectivas competencias, al restringir el veto que ahora tienen para invalidar las fusiones entre entidades.

En la línea de lo manifestado por el subgobernador del Banco de España se expresó hace unas semanas el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, al declarar que los políticos "no deben entrar en asuntos que no les competen" o cuando afirmó que era partidario de "fusiones interregionales", al señalar que una fusión entre dos entidades de la misma comunidad -puso como ejemplo una integración entre Caixanova y Caixa Galicia- "supondría un porrón de despidos y cierres de oficinas".

También apoya la postura del Banco de España el ex alcalde de A Coruña y actual embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, quien planteó por su parte que las cajas gallegas deberían liderar una integración con Cajastur, mientras que se mostró contrario a que Caixanova y Caixa Galicia fuesen "absorbidas" por parte de otras entidades de fuera y señaló que en el caso de cualquier operación de las cajas gallegas debería darse "desde una situación de preeminencia".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamó su independencia ante cualquier decisión sobre un posible proceso de fusión. "No aceptaremos presiones externas sobre el futuro de las cajas de ahorro gallegas", aclaró.

No obstante, ni el gobierno de la Xunta ni los dos partidos de la oposición, PSdeG y BNG, han explicado hasta el momento en qué criterios de eficiencia se basan para mantener sus respectivas posiciones como pide Aríztegui.