L. COSTAS / M. BARRAL | A CORUÑA La dirección del grupo textil Caramelo entregó ayer las primeras cartas de despido a los 237 trabajadores que abandonarán la empresa este mes dentro del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que la compañía reducirá su plantilla a la mitad.

La compañía comunicó ayer al comité de empresa los nombres de los tres elegidos para abandonar la fábrica de A Grela junto a los 234 que se acogieron a las bajas voluntarias con una indemnización de 39 días por año trabajado y 34 mensualidades hasta un máximo de 60.000 euros. Se trata de dos de los empleados expedientados por los desperfectos ocasionados en la fábrica el pasado 11 de junio que además están afiliados al sindicato CIG (mayoritario en el comité de empresa de Caramelo, con 12 delegados frente a 5 de CCOO) y de un encargado de departamento. La empresa había asegurado que las tres personas que sumaría a la lista de despidos voluntarios se elegirían atendiendo a criterios de operatividad, aunque al menos dos de los tres despedidos pertenecen a las secciones de Almacén y Logística que la compañía pretende mantener tras la deslocalización de la producción textil a China y Turquía.

Ni la dirección de la empresa ni los sindicatos precisaron el número de cartas de despido entregadas ayer por Caramelo, que fueron distribuidas a partir de las cuatro de la tarde, una vez concluido el primer turno de trabajo, aunque fuentes del comité aseguran que superan la decena. El grupo textil explicó a los primeros despedidos que les transferirán en un sólo pago el importe de la indemnización después de que cada uno firme su conformidad con la liquidación.

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, insistió ayer en que el ERE de Caramelo es "justo" y que fue legitimado por la votación de "más de la mitad de los empleados" en un referéndum "legal". "Da una respuesta justa, acorde a Derecho y con los trabajadores", dijo Mato, en clara referencia a las dudas legales expresadas por la CIG sobre el referéndum y la posterior aprobación del ERE por la Xunta, lo que motivará un recurso del sindicato ante la Xunta y los tribunales.