AGENCIAS | SANTIAGO / OVIEDO / MADRID La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, advirtió ayer de que las ayudas de 420 euros a parados sin prestaciones impulsadas por el Gobierno central beneficiarán a unos 7.000 desempleados gallegos, una cifra que "dista mucho" de los 19.000 a las que aludió el lunes el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro. Mato explicó que la Xunta dispone de informes e incluso de documentos cedidos por el Gobierno central al autonómico "el pasado 6 de junio" que avalan sus cálculos, lo que ha llevado a la Consellería a encargar un estudio para cuantificar exactamente el número de gallegos que tendrán derecho al subsidio.

La responsable de Traballo se sumó ayer a la avalancha de críticas de sindicatos y de los partidos de la oposición a la decisión del Ejecutivo de compensar sólo a aquellos parados que agoten sus prestaciones a partir del 1 de agosto. La conselleira considera que estas subvenciones son una medida "muy pobre, desorganizada, fruto de las prisas y del no diálogo social".

Mato denunció además que las prisas del Gobierno provocan que todos los parados "no tienen la posibilidad siquiera de solicitar las ayudas, porque desde el Gobierno central no se contó en la elaboración de ese decreto con las autonomías". Mato criticó que la Xunta no recibió información pese a que la medida incidirá económicamente en la comunidad porque los cursos de formación "tienen que ser desarrollados en Galicia y con nuestros servicios". La Xunta prefiere fomentar "políticas activas de empleo" como "las recogidas en el plan de choque".

Por todo ello, la Consellería de Traballo ha convocado una reunión extraordinaria de la subcomisión de seguimiento entre el Servicio Público Estatal y el autonómico para estudiar la evolución y aplicación de la medida.

Muy crítico es también el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, quien reclamará al Gobierno que explique el criterio elegido para repartir los 420 euros a los parados sin prestación, ya que, a su juicio, "no es razonable". Lo "lógico" para el dirigente nacionalista es primar a los colectivos desfavorecidos, los parados desde hace más tiempo y los que cuentan con otras responsabilidades familiares. En este sentido, instó al Gobierno a "hacer una reflexión" y "asumir responsabilidades" porque si no hay fondos "es por decisiones que adoptó a lo largo de este año", como "eliminar" el Impuesto de Patrimonio.

"Es un insulto para los más de cuatro millones de parados la forma engañosa con la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado la medida, jugando con la inquietud y la desesperación de mucha gente", criticó ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Cree que la ayuda es "falsa" y ha generado "unas expectativas que no se han cumplido en personas que lo están pasando claramente mal": "El solo hecho de provocar frustración ya es claramente vergonzoso".

La diputada de CiU en el Parlament de Cataluña, Meritxell Borràs, se unió a la demanda de los sindicatos de ampliar los plazos del subsidio. "No entendemos que las personas que llevan más tiempo sin recibir ninguna prestación sean las que no se pueden beneficiar de ella, reiteró. Borràs lamentó que el PSOE haya optado por una nueva medida "propagandística que no resuelve el problema real.

Los sindicatos también atacaron la prestación recién aprobada por el Gobierno. Mientras CSIF alertaba de que los funcionarios del Inem todavía no hayan recibido los formularios originales para los usuarios que quieran beneficiarse de esta ayuda, UGT y Comisiones Obreras reclamaban una ampliación de las ayudas. CCOO denunció las "grandes lagunas" de la prestación, que considera "insuficiente para el sustento de una familia" y "discriminatoria". El secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Carbonero, recomendó al Ejecutivo de Zapatero que se siente a negociar medidas "eficaces" con los agentes sociales. UGT de Cataluña también reclamó la retroactividad de la ayuda al 1 de enero ya que de lo contrario, sería "insuficiente". El sindicato considera necesaria una partida extraordinaria para cursos de formación para los desempleados que reciban la ayuda, así como más personal en los servicios públicos empleo.