Derechos y ´telecos´

La Carta de los Derechos de los Usuarios de las Telecomunicaciones ve la luz. Los derechos quedan en la penumbra. Las 'telecos' que ofrecen ADSL no pueden anunciar más velocidad de la técnicamente permitida e indicarán los factores que ralentizan la línea, pero sin más garantías

ALFONSO PAJUELO Después de meses de borradores, la Carta de los Derechos de los Usuarios de las Telecomunicaciones ha visto la luz. El texto sí pero los derechos se han quedado en la penumbra. El ministro del ramo decidió finalmente suavizar las exigencias a las telecos sobre el ADSL, uno de los servicios que más protestan generan. Nada de alusiones a la "velocidad real". Bastará con que no anuncien más velocidad de la técnicamente permitida y que informen a los usuarios, antes de contratar, de los factores -propios o ajenos- que pueden ralentizar el caudal de su línea. La regulación le insuflará oxígeno a muchas telecos, lo saben Orange y Ono que el año pasado plegaron las velas de sus 20 y 25 megas. La nueva Carta anima la carrera de las velocidades de subida del ADSL y el VDSL. Y dejará como están a la mayoría de los consumidores, sin más garantías, pero a resguardo en las velocidades más bajas, donde la efectividad -según los análisis de Industria- ya es superior al 80%.

Llegó al ministerio con las lanzas en ristre sobre los operadores y las acusaciones a flor de piel por no cumplir con sus ofertas. Miguel Sebastián se atrevió a prometer que el Gobierno "prohibiría" a los operadores realizar ofertas de banda ancha -ya fuera con ADSL o cable- que no pudieran cumplir. Y, ante el escándalo del sector y a la vista de las limitaciones tecnológicas y del coste derivado para el sector, le puso fronteras a sus aspiraciones: deberían llegar al 80% de la velocidad anunciada. Pero no se trata de la velocidad real, sino de la "teórica". Un horizonte que desapareció del Borrador final.

Ahora, con la entrada en vigor del texto definitivo de la Carta, ocho meses después, ni una cosa ni la otra. Industria suaviza las exigencias a las telecos sobre la velocidad del ADSL. Sólo prohíbe al operador aplicar al usuario final ofertas cuya velocidad máxima publicitada sea superior a la velocidad "teórica", la máxima admitida por la tecnología utilizada sobre su bucle local. Un horizonte que ninguna oferta se arriesgará a traspasar. El ADSL 2+ llega teóricamente a 22 megas, así que todas las compañías cumplen. Con un simple aviso antes de dar de alta el servicio, los operadores cumplirán con la ley. Será suficiente con que recuerden al cliente que la velocidad contratada depende de varios factores como la calidad de bucle, modalidad contratada -Tarifa de Datos Móvil- el mapa de cobertura y se puede ver afectada por factores ajenos como el tráfico existente en internet, la ejecución de programas, actualizaciones de software o la existencia de virus en el PC, etc.

Paradojas del "proteccionismo" de Miguel Sebastián, si la "montaña" de la banda ancha no llega hasta las promesas de su publicidad, la regulación tampoco: sólo se acercará a las fronteras de la realidad. Con esa máxima por bandera, el Ministerio de Industria ha sucumbido a las evidencias que le hicieron llegar desde el sector: exigir una velocidad real determinada podría suponer un sobrecoste para el usuario y es técnicamente imposible garantizar un caudal constante, ya que depende de elementos externos como el equipo del cliente. Industria no contempla nada parecido al reglamento británico (PDF) que preferirían las telecos, que sólo obliga a informar al usuario de la velocidad teórica y en caso de ser muy inferior a la que va a contratar, ofrecerle opcionalmente un paquete inferior. La Carta de Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones tampoco mejorará la disponibilidad de la red y la penetración que, según un estudio de Cisco, en colaboración con la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford y el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, son necesarios para que España pueda aprovechar las posibilidades que ofrecen las aplicaciones web existentes en el mercado y obviar que dispone de un ancho de banda inferior al necesario.

Lo advierten, a la vista de la "letra pequeña", las organizaciones de consumidores: aunque suma 20 nuevos derechos, regula las obligaciones de transparencia de los operadores para reforzar la capacidad de elección de los usuarios, se dota de mayores garantías jurídicas a los procesos de altas, bajas y de cambio de operador y reduce la portabilidad a un máximo de dos días. La Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones elaborada por Industria no mejora la protección de los derechos de los usuarios del sector -el que más consultas y reclamaciones registra, un 17,45% ante el Instituto Nacional del Consumo- y además les impone un puñado de nuevas obligaciones. No amplía el carácter de "servicio universal" de las telecomunicaciones -a un precio asequible y con un nivel de calidad determinado- ni incluye en él el acceso a internet y a la telefonía móvil, así como la gratuidad de determinados servicios de información telefónica; no reduce el plazo de 15 días de aviso para darse de baja como abonado; no habrá indemnización por la interrupción temporal del servicio telefónico disponible al público cuando la cantidad sea inferior a 1 euro; al tratar la facturación desglosada del servicio telefónico se excluyen las comunicaciones de tarifas de bajo precio, como las metropolitanas, las de tarifa en horario normal inferior al equivalente de 3 céntimos de euro por minuto, las de tarifa en horario normal inferior a 20 céntimos de euros por comunicación y las llamadas con carácter gratuito. Y abre la puerta a un depósito de garantía en determinados supuestos de deudas o impagos anteriores por el usuario sin exceptuar los casos en los que se está litigando por una deuda.

Las autonomías se desmarcan de las subidas de impuestos