I. BASCOY / L. COSTAS | SANTIAGO / A CORUÑA La Xunta presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) si el Estado se niega a modificar antes del próximo día 27 el decreto que lo regula y persiste en negarle su poder de veto sobre la fusión o absorción de las cajas de ahorro gallegas.

Antes de acudir a la Justicia, el Ejecutivo de Feijóo solicitó ayer la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Galicia para intentar en este marco "resolver pacíficamente" este conflicto, clave para el futuro de la economía gallega, pero remarcando que si "las negociaciones son infructuosas", la Xunta no lo dudará e interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Xunta entiende que con la redacción actual del decreto del FROB, el Banco de España podría autorizar fusiones y disoluciones de las cajas de ahorro de Galicia sin que la Xunta tenga capacidad de veto, que hasta ahora le reconocía el Estatuto de Autonomía.

Así lo anunciaron ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y de Facenda, Marta Fernández Currás, tras la reunión de la comisión especialmente creada para estudiar a partir de ahora cualquier normativa estatal que pueda invadir sus competencias.

Con esta decisión, la Xunta se une a los gobiernos socialistas de otras comunidades autónomas -Cataluña, Extremadura, Andalucía y Aragón- que consideran que el decreto del FROB es inconstitucional, pese a que el texto fue aprobado en el Congreso con los votos de PSOE, PP y Coalición Canaria y en contra de la práctica totalidad de los nacionalistas -entre ellos, el BNG-, que rechazaban el decreto por su conflicto competencial. La comunidad gallega es sin embargo la primera en dar un paso adelante, al dirigirse al Gobierno español y buscar una solución.

Una vía "excepcional"

El Ejecutivo autonómico insistió ayer en que se pretende zanjar la polémica por la vía de "la cooperación", pues la Xunta ejerce como "una administración responsable". De hecho, el Gobierno de Feijóo podía directamente trasladar el conflicto al Constitucional, "pero ha preferido dialogar, solicitando antes una reunión con el Estado. Es una vía que se utiliza excepcionalmente, pues lo más habitual es pedir a la Justicia que se pronuncie sobre el conflicto de competencias", explicaron ayer desde el Gobierno gallego.

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió que el artículo 30 del Estatuto de Autonomía atribuye la competencia exclusiva en materia de cajas de ahorro a Galicia y es preceptivo que la Xunta dé su autorización para cualquier fusión o disolución de las entidades con domicilio social en Galicia.

El FROB, puesto en marcha por el Ejecutivo de Zapatero para salvar a las entidades en apuros económicos, elimina esta posibilidad, dado que podrían producirse operaciones de fusión o disolución de entidades de ahorro sin la participación activa de los Gobiernos autonómicos, sobre todo en una de las modalidades en que el FROB interviene de modo más crítico; cuando una entidad tiene problemas de solvencia y el Banco de España la interviene, releva y sustituye a todos sus gestores.

El Ejecutivo entiende que la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito establece que el regulador tiene la última palabra a la hora de intervenir en procesos que afecten a entidades con serios problemas de solvencia, como ocurrió con Caja Castilla La Mancha.

El Ejecutivo central debe convocar la reunión con la Xunta antes del 27 de septiembre, pues ese día finaliza el plazo de tres meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Si se abre el diálogo, el plazo de la Xunta para acudir al Constitucional se amplía seis meses, pero si el Gobierno declina, Fernández Currás firmará el recurso.