La Xunta prepara ya el recurso para conservar el veto a las fusiones de cajas

L. COSTAS/ AGENCIAS | A CORUÑA La Xunta ya se ha puesto manos a la obra para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y garantizar así el mantenimiento de su poder de veto sobre la fusión o absorción de las cajas de ahorro gallegas. El grupo parlamentario del PP pactó ayer con el del BNG -y pese a la abstención del PSOE- dar la batalla contra la regulación del FROB para evitar que invada las competencias que la comunidad autónoma tiene sobre las cajas de ahorro y en caso de que no funcione el diálogo que la Xunta pretende abrir con el Gobierno central, acudir a la vía judicial. El portavoz del BNG en el Parlamento, Carlos Aymerich, ya había invitado el lunes al PP a apoyar una proposición de ley que su grupo presentó en el pleno de ayer para apurar el recurso de inconstitucionalidad y el PP recogió el guante, aunque sólo como última posibilidad si falla el diálogo.

El diputado del PPdeG, Pedro Puy, aclaró ayer que la Xunta ya envió una "carta de cooperación" al Ejecutivo central para que se negocie, en la comisión bilateral entre el Ejecutivo estatal y autonómico, "el mantenimiento de las competencias gallegas sobre las cajas de ahorro".

La Xunta tiene de plazo hasta el próximo día 27 para presentar el recurso, por lo que los servicios jurídicos han comenzado a elaborarlo aunque el Ejecutivo de Feijóo es partidario de agotar la vía del diálogo. Puy destacó que, con el envío de la carta, que "parece que tuvo buena acogida", Galicia se convierte en la primera comunidad que mueve ficha. "Más celeridad no se puede pedir", dijo. El Gobierno gallego expuso el pasado lunes que tratará de negociar con el Ejecutivo central antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El portavoz de Economía del BNG, Fernando Blanco, advirtió de que la posible intervención del Banco de España obligando a fusiones entre entidades de diferentes territorios recogida en el FROB afecta a una "cuestión política esencial para el futuro del país". Las cajas, insistió, son "instituciones esenciales". "Hablamos de puestos de trabajo y de capacidad en la toma de decisiones que afectan a los gallegos", señaló, y reprochó a la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que respondiese en comisión parlamentaria el pasado junio que ésta era una cuestión "técnica". Blanco añadió que dos tercios de los fondos destinados al FROB son "públicos" y que lo que no pueden es "desaparecer las administraciones públicas". Esta medida estatal, prosiguió, "entraba chocando frontalmente con las competencias de Galicia", por lo que defendió que se presente el recurso de inmediato.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, manifestó el apoyo "sin reservas" de su grupo al FROB, que consideró "absolutamente imprescindible", aunque abogó por defender "las competencias autonómicas". "Preferimos la solución gallega" para las posibles dificultades que tengan que enfrentar las cajas gallegas y "que en caso de que se haga una fusión, se haga entre ellas".

El socialista defendió que "prime la negociación al conflicto" y que antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad por una supuesta invasión de competencias, se haga una consulta al Consello Consultivo, por ser un órgano "independiente", una vía por la que ya optaron otras comunidades autónomas y que en opinión de Fernández Leiceaga, evitaría una "politización excesiva" de la cuestión.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, anunciaron el lunes el envío de una solicitud al Gobierno para que convoque a la comisión bilateral para abordar la regulación del FROB.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial confirmaron el martes la llegada del escrito remitido por la Xunta para convocar una reunión, aunque advirtieron de que no será la Comisión Bilateral Galicia-Estado -que negocia traspasos de competencias, entre otros asuntos- quien resuelva la cuestión, sino la Comisión de Seguimiento de las Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, que analiza los conflictos competenciales.

El Ministerio que dirige Manuel Chaves aseguró que la reunión será convocada en función de los ajustes de la agenda, aunque no aclaró si la cita será antes o después del 27 de septiembre, fecha en la que concluye el plazo que la Xunta tiene para presentar el recurso de inconstitucionalidad.

El Ministerio de Economía, que desde su aprobación, ha insistido en que el FROB no invade competencias autonómicas, añadió además que el único caso en el que el decreto prevé que el Banco de España actúe sin consultar a las comunidades autónomas es para intervenir una entidad con serios problemas de solvencia, una facultad ya prevista en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, aplicada con Caja Castilla La Mancha y Banesto, en 1993.