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El Congreso apoya la paga de 420 euros y su ampliación

Todos los grupos salvo UPyD respaldan la medida pero acusan al Gobierno de improvisar en sus decisiones contra la crisis económica

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AGENCIAS | MADRID El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer, con el único voto en contra de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el decreto ley que regula las ayudas de 420 euros mensuales a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, y dio luz verde unánime a su tramitación como proyecto legislativo, lo que permitirá ampliar la cobertura de este subsidio hasta el 1 de enero. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió que el Gobierno "ha sido sensible" a las reivindicaciones de sindicatos y fuerzas políticas y "ha hecho suyo" el objetivo de extender temporalmente el horizonte de esta prestación en siete meses, desde la fecha inicial del 1 de agosto. Sin embargo, recibió la crítica unánime de los portavoces de la oposición, que le reprocharon la "improvisación" e "insuficiencia" de la última medida de protección social aprobada por el Ejecutivo socialista, si bien todos ellos, salvo la diputada de UPyD, Rosa Díez, dieron finalmente el sí a la medida.

Corbacho defendió que esta norma responde a la voluntad del Gobierno de hacer frente a la vertiente "más dramática" de la crisis y su impacto en el colectivo "más vulnerable" entre las familias desempleadas, un colectivo que aumenta. El ministro señaló que estas ayudas de 421,79 de euros mensuales (el 80% del IPREM) durante un máximo de seis meses, para desempleados con rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), va "más allá" de la Renta Activa de Inserción de las comunidades autónomas para ayudar de manera urgente a personas "que se enfrentan a un grave riesgo de exclusión social". Asimismo, reiteró que el programa no se limita a establecer una prestación social económica, sino que incluye garantías para favorecer la inserción laboral, ya que los beneficiarios se comprometen a integrarse en itinerarios laborales.

El representante del PP, José Ignacio Echániz, aseguró que el "cheque-parado" de las ayudas es un nuevo "vía crucis" en el "círculo vicioso" de las "sangría de medidas inútiles" que ha llevado a cabo hasta ahora el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y aunque el PP ha dicho "sí desde el principio a la medida", terminó reprochando al Gobierno que exija ahora la tramitación urgente de la norma.

El portavoz de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, insistió en que la medida es una "improvisación" nacida del fracaso del diálogo social que sólo pudo "corregir" la presión de los grupos de la oposición. El parlamentario nacionalista aprovechó su intervención para advertir al Gobierno que se está equivocando con su idea "dogmática" de no abordar la reforma del mercado de trabajo y auguró que cuando finalmente se vea obligado a hacerlo, va a ser "demasiado tarde" para pymes y empresas.

El representante del PNV, Emilio Olabarria, reprochó a Corbacho que no se está mostrando "particularmente clarividente" en materia de políticas de empleo, cuando España va a ser el país que más va a sufrir la destrucción de empleo por la crisis. "El desempleo es made in Spain", le advirtió.

El portavoz de asuntos sociales de ERC, Joan Tardá, arremetió contra a la "improvisación" de una medida deudora de la "política de cheques" del Gobierno, si bien recordó que ERC siempre había planteado la necesidad de regular una medida en la línea de las rentas activas de inserción autonómica, un debate que ha culminado con las ayudas de los 420 euros. "Hay que enderezar el rumbo de la nave y estamos satisfechos de que el Gobierno y el PSOE hayan corregido", resumió.

Más conforme con la medida se mostró el representante de IU, Gaspar Llamazares, que arrancó su discurso denunciando que la "sociedad capitalista es profundamente injusta" y celebró que la medida permita añadir "algo de justicia" y extender su cobertura a la "inmensa mayoría" de los trabajadores sin protección. Rosa Díez (UPyD) criticó las medidas "cicateras" e "injustas" y consideró que su ampliación al 1 de enero no es un avance.

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