El Gobierno rechaza pactar con la Xunta cambios en el fondo de rescate bancario

L. COSTAS / X. A. TABOADA | A CORUÑA /SANTIAGO El Gobierno al fin ha mostrado sus cartas sobre el decreto que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y si la Xunta quiere conservar su poder de veto sobre las fusiones o absorciones de cajas de ahorro que afecten a las entidades gallegas, va a tener que pelearlo en los tribunales.

Ésta es al menos la lectura que hace la Consellería de Presidencia, que acusa al Ministerio de Política Territorial que dirige Manuel Chaves de estar "en contra" de la negociación planteada por la Xunta para modificar el decreto que regula el FROB y dejar claro sobre el papel -como dice el Estatuto de Autonomía- q ue es la comunidad autónoma la que tiene poder de autorizar o bloquear una fusión que afecte a las entidades gallegas.

Fuentes de la Consellería aseguraron ayer que el Gobierno "no está por la labor" de modificar el decreto, aunque esta oposición todavía no ha sido comunicada oficialmente al Ejecutivo de Núñez Feijóo, que mantiene su disposición al diálogo, aunque considera que la posibilidad del recurso ante el Tribunal Constitucional está más cerca que nunca.

Los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y Facenda, Marta Fernández, anunciaron el pasado día 8 el envío de una carta al Ministerio de Chaves para demandar la convocatoria de una comisión bilateral Galicia-Estado para negociar una reforma del decreto -que fue aprobado con los votos de PSOE, PP y Coalición Canaria-. Fuentes del Gobierno explicaron entonces que quien dirime estos conflictos de competencias es la Comisión de Seguimiento de las Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, que todavía no ha sido convocada, aunque ya ha habido contactos entre las dos administraciones y no parecen haber permitido grandes avances.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó ayer que el Gobierno autonómico mantiene su pretensión de promover un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias, aunque todavía no se descarta que Política Territorial convoque la reunión de la comisión antes de que el próximo día 27 expire el plazo para que la Xunta mueva ficha ante el Constitucional.

La sola convocatoria de esa comisión ampliaría el plazo para el recurso en seis meses y abriría un nuevo periodo de conversaciones para dirimir la cuestión. Fuentes del Ministerio de Política Territorial rechazaron dar su punto de vista sobre las acusaciones que ayer lanzó la Xunta e insistieron en que los primeros contactos entre ambos organismos han sido entre sus técnicos.

La Xunta -el PP apoyó recientemente una iniciativa del BNG a favor del recurso- defiende que el nuevo decreto invade las competencias reconocidas por el Estatuto de Autonomía en su artículo 30.1, que establece: "De acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma gallega (...) la competencia exclusiva de las siguientes materias..." y en el apartado 5 añade: "Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro". El Gobierno aduce sin embargo que el Decreto ley 9/2009 de 26 de junio que regula el FROB sólo plantea la intervención del Banco de España en las entidades que "presenten debilidades en su situación económico-financiera que (...) pudieran poner en peligro su viabilidad", según el artículo 6.1.

Fuentes del Ministerio de Economía insistieron en que esta potestad ya estaba reconocida en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito que ya fue aplicada en la intervención de Caja Castilla La Mancha en marzo pasado -tres meses antes de aprobarse el FROB- y en la de Banesto, acordada en 1993.

El PP de Galicia coincide sin embargo con el BNG y los gobiernos autonómicos de hasta cinco comunidades en apreciar un conflicto de competencias que los nacionalistas ya advirtieron cuando el Congreso votó su aprobación.