El wifi va por pueblos

Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tiene licencia WiFi, pero más de 200 han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Mientras, los ayuntamientos y las grandes operadoras de telefonía se miden las distancias

ALFONSO PAJUELO El Ministerio de Industria viste de digitalización y cibercarreteras el decreto ley regulador del segundo Fondo de Inversión Local. Al menos la cuarta parte de sus 5.000 millones de euros tendrán desde enero ya los apellidos de la firma electrónica y la e-administración de los ayuntamientos, pero, sobre todo, de la banda ancha wireless de los municipios españoles.

El Plan E II le apremia aún más las urgencias a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El regulador de las telecomunicaciones ya se había planteado, al calor de la consulta al sector sobre redes públicas inalámbricas (recién cerrada), extender las costuras de la regulación de redes wifi a todas las entidades públicas, más allá de la Administración Local. Ha puesto, entretanto, la pica de sus líneas rojas: o tiempo reducido, o prestaciones limitadas, o precio. Algo que -Madrid lo sabe bien- no siempre les interesa. Baste un ejemplo: la madrileña Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha preferido desistir de la promesa de wifi y wimax gratis en sus 2.000 autobuses, antes que claudicar en los muros del regulador, que abogaba por subir la tarifa de los billetes a cambio del servicio o instalar el wifi con carácter provisional.

Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tiene licencia WiFi, pero más de 200 ayuntamientos han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la CMT. Siguen las huellas de Bilbao, que ya ofrece conexión a internet libre y gratuita a través de wifi en los doce centros municipales de distrito de la ciudad, así como en la Plaza Nueva y estudia ahora ampliar las zonas wifi a las calles peatonales.

La legislación no permite que las administraciones den internet gratis por un periodo indefinido, pero el resto de las condiciones son variables. Hasta el momento, el regulador ha limitado el tiempo de gratuidad y la velocidad a la que se navega, ha forzado que el uso sea lúdico o cultural al impedir las descargas o las visitas a determinados contenidos o el tiempo que puede estar conectado cada usuario. La CMT mira a Valencia -donde 260 de los 266 municipios de la provincia han solicitado participar en el programa Valencia provincia wifi- o a Aragón, con más de 40 municipios inscritos como operadores wifi, aunque muchos de estos proyectos aún están en fase de desarrollo. Tendrá que atender, además, las solicitudes que cocinan ya una veintena de ayuntamientos con otras aplicaciones del wifi distintas al mero acceso a internet, desde servicios públicos como el control del tráfico, o el tiempo de paso de los autobuses y todo tipo de soluciones prácticas, como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos, donde los contadores de agua disponen de wifi, lo que permite obtener el consumo de agua en tiempo real de toda una zona.

Se lo dejaba claro la CMT a Barcelona con el veto a su propuesta Premium: ni la ley ni el regulador quieren dejar sitio a servicios que atenten contra las ofertas de banda ancha móvil de las operadoras. El acceso básico sólo podrá darse de forma gratuita durante un año, en un horario determinado. La duración de la conexión estará limitada a 60 minutos por usuario y día, con una velocidad de transmisión que rondará los 200 Kbps -mucho más baja que la banda ancha- y se prohiben las descargas y el acceso a ciertos contenidos.

WiFi Ciutadá sólo podrá ser gratis durante un año, cuando el Instituto Municipal de Informática de Barcelona (IMI) pedía tres. Después tendrá que buscar alguna fórmula de pago o patrocinio publicitario. Y tendrá que volver a recibir el beneplácito para el replanteamiento de su servicio Premium. Será -espera el consistorio catalán- cuando la nueva regulación esté ya sobre la mesa. Por si acaso, es la ciudad condal la primera en despejar una tercera vía con las telecos. El Ayuntamiento quiere implicar al sector privado (incluso a las operadoras de telefonía) en el Barcelona WiFi -la mayor red de acceso libre de España, con 200 puntos de acceso disponibles este verano y 500 a finales del 2010- para usos afectados por las restricciones establecidas por la CMT al proyecto, como la telefonía IP, la videoconferencias o las descargas.

Los ayuntamientos y las grandes operadoras de telefonía se miden las distancias y las urgencias. Si la administración pública ofrece internet sin coste, nadie va a contratar su conexión con un proveedor de internet, por lo que se daña la competencia. Pero los ayuntamientos saben que la euforia de sus autopistas digitales municipales tiene líneas rojas: los analistas les advierten que los canales wifi pueden solapar sus frecuencias si el consistorio ocupa un canal en todo el territorio. Las autoridades municipales saben que si no atienden a las demandas de los operadores que construyen las redes de nueva generación, de banda ultra-ancha, se quedarán sin las auténticas avenidas de sus ciudades digitales. Para las telecos, el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de la Ley de Acceso Electrónico es mucho más que el puente de la e-administración con las Administraciones y los ciudadanos por medios electrónicos, es, además, un gran generador de la demanda para sus servicios.

Los alcaldes tienen miedo a quedarse atrás en la carrera hacia la sociedad de la información; los operadores de telefonía, a la emergencia masiva de empresas públicas de telecomunicaciones amparadas por los euros del PlanE. Reclaman la vía libre a las canalizaciones que utilizarán los operadores y exigen que se eliminen las restricciones de licencias para zanjas o antenas, la emergencia continua de organismos locales que construyen infraestructura de telecomunicaciones y las nuevas tasas y cargas fiscales. Y advierten de que se puede poner en peligro la inversión privada y ampliar la brecha digital. Desde el sector de las TI -con la Aetic al frente- las operadoras -a través de Redtel y Aste- y desde los municipios -por boca de la Femp- llaman a la paz.

Miran, de parte a parte, el antecedente de Migueturra, donde la CMT ha aceptado el modelo del operador neutro. El ayuntamiento del municipio castellano ha desplegado una red de fibra óptica que será alquilada a los operadores para ofrecer hasta 100 megas. El consistorio sólo se ha ocupado de las infraestructuras (la parte más costosa de la inversión) y serán las telecos las que ofrezcan servicios de banda ancha pagando a Miguelturra -que no interfiere en las ofertas- por el alquiler de la fibra. Una iniciativa similar a la red Asturcón desplegada en el Principado de Asturias y que permite a los usuarios navegar con 100 megas desde 40 euros al mes. Los ayuntamientos que tengan ya una red corporativa pueden aportarla a una empresa mixta constituida con operadores privados, o incorporarla a un convenio, contrato o consorcio. La Diputación de Valencia, por ejemplo, ha anunciado la licitación de un contrato de colaboración público-privada para una red provincial en el que se va a usar la novedosa técnica del diálogo competitivo.